viernes, 4 de mayo de 2018

Daniel Ortega debe dejar el poder


Daniel Ortega debe dejar el poder

El pueblo de Nicaragua es tan generoso y noble que ni siquiera está pidiendo que Daniel Ortega y sus corruptos funcionarios regresen todo lo robado
04/05/2018
La masacre estudiantil ejecutada por el comandante Anastasio Ortiz, y la Guardia Nacional, el 23 de julio del año 1959, dejó un saldo de cuatro muertos y sesenta heridos.
En cambio la masacre estudiantil, perpetrada por la Policía Nacional (orteguista), entre el 19 y el 22 de abril, ambos del año 2018, dejó como fatídico saldo más de 35 estudiantes muertos, 60 desaparecidos, e incontables heridos.
En sencillas palabras es una decuplicada masacre, de la cual deben responder los mandos de la Policía Nacional, su jefe supremo, jefes policiales y autores directos que realizaron dichos asesinatos y ejecuciones sumarias. La gravedad de esta masacre es que tenemos diez veces más asesinados, y desaparecidos que aumentarán poco a poco la cifra de ejecutados cobardemente.
No vamos a historiar más sobre los hechos sangrientos producidos por el actual régimen de Ortega. Pero un gobierno inmoral, con una policía inmoral, y funcionarios corruptos e inmorales, no se encuentra capacitado moralmente para continuar ejerciendo el poder en nuestro país. Pues ningún padre o madre de familia sentirá seguridad para sus hijos con el Herodes nicaragüense como presidente.
De ahí la necesidad de encontrarle una solución urgente a la extrema crisis que vive el país.
El señor Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo deben dejar el poder. Lo cual sería deseable que se logre a través del famoso diálogo propuesto por los mismos asesinos de estudiantes. Diálogo que puede servirle al partido de Ortega para no perderlo todo. Pero es bien sabido que en política, ni se pide ni se entrega el poder, sino que se conquista. Por lo que de no acceder el señor Ortega y la señora Murillo a abandonar el poder, es legítimo que el pueblo de Nicaragua se plante con mucha valentía y determinación a pedirle su renuncia en las calles de manera cívica y pacífica, hasta que se vaya.
El pueblo de Nicaragua es tan generoso y noble que ni siquiera está pidiendo que Ortega y sus corruptos funcionarios regresen todo lo robado y acumulado de forma ilícita, tan solo pide en este momento que se vayan y se lleven su dinero. Es decir que esta crisis ha posicionado por un lado al pueblo, sin distingos ideológicos, jóvenes, campesinos, profesionales, estudiantes, incluyendo sandinistas, y por otro lado al señor Ortega y el orteguismo.
Lo sensato y aconsejable sería que el mismo Frente Sandinista se deshaga de Ortega y su camarilla, para evitar mayor derramamiento de sangre innecesaria a nuestro pueblo.
Por lo que propongo que el primer punto del diálogo sea la renuncia del presidente Ortega y su vicepresidenta, la instalación de un gobierno de transición formado por tres notables, y la convocatoria inmediata a celebrar elecciones, organizadas, administradas y fiscalizadas por un instituto electoral ad hoc, en un plazo perentorio de 180 días a partir del cambio de gobierno. Y que dichas elecciones sean generales, para elegir autoridades nacionales, municipales, y diputados a la Asamblea Nacional, donde participen todos los partidos políticos tradicionales y nuevos a quienes se deben habilitar para garantizar el verdadero pluralismo político.
Lo contrario es perder el tiempo en escuchar los cuentos de Las mil y una noches, y dejar que amanezcan varios días más, con el mismo dictador gobernando.
El artículo 2 de nuestro texto constitucional establece que la soberanía nacional reside en el pueblo.
El pueblo tiene la última palabra.
El autor es presidente de la Asociación Democrática de Abogados de Nicaragua, y defensor de Derechos Humanos.
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sábado, 6 de enero de 2018

PRONUNCIAMIENTO DE ADANIC SOBRE LAS LIMITACIONES AL EJERCICIO DE ABOGADO.



EL articulo 86 de nuestra constitucion garantiza el libre ejercicio de la profesion, derecho conquistado con sangre desde la Revolucion Francesa, en la Declaracion de los Derechos y Deberes del Hombre, donde se abolio el regimen feudal, las guildas y corporaciones gremiales, y se proclamo el derecho de cualquier ciudadano a elegir la profesion o trabajo de su agrado o varias a la vez.
este derecho onstitucional, que se ubica dentro de los Derechos Laborales con rango constitucional, esta siendo conculcado a todos los abogados litigantes, por los poderes del Estado de Nicaragua, con el concurso y complicidad del poder judicial.
pero ademas de impedir el ejercicio de nuestra profesión de abogados con regulaciones inconstitucionales y medidas de facto, tambien atropellan los derechos del pueblo, a obtener un juicio justo, pronto y sin dilaciones, respetando el principio de legalidad , la tutela judicial efectiva y los derechos humanos reconocidos por Nicaragua en tratados internacionales.
No permitir el desempe;o de una defensa tecnica efectiva en los procesos administrativos y judiciales, es atropellar la legalidad, la tutela judicial efectiva y los derechos humanos de los administrados. En resumen el articulo 160 de nuestra carta magna, es otro precepto constitucional pisoteado por el Estado de Nicaragua.
Los miembros de la policia nacional como organo persecutor e investigador de los delitos, es la primera tambien en cometer delito en contra de los imputados y poblacion con quien interactuan, de violacion a la constitucion, detenciones ilegales, abusos de autoridad, desobediencia y desacato a la autoridad, tortura, asesinatos, allanamientos de morada, en fin una larga lista del catalogo del codigo penal.
Pero este rosario de delitos que a diario comete la policia, esta antecedido , por la publica y flagrante violación a las garantías procesales constitucionales, contenidas en los articulos 33, 34,46 de nuestra carta magna.
No brindan información a los abogados que llegan a saber la situación del reo.
No permiten la comunicación de los reos con sus defensores, articulo 95.3 CPP, pero que ademas es  un derecho humano consagrado en la Declaracion Universal de los Derechos Humanos.
No permiten la presencia del abogado defensor para dar asistencia al detenido, aun cuando el articulo 95.10 CPP, lo establece, en concordancia con el 34.4 del texto constitucional.
publicamente la policia nacional ha dicho que no quiere la presencia de los abogados en sus recintos. entonces como se materializara el derecho a la defensa, o es que los policias, donde la mayoria ahora son abogados, aprendieron en las universidades que la defensa se circunscribe solamente a los ambitos de los juzgados?
es insoportable el amiguismo, circulos de hierro y grupos preferenciales de abogados a quienes los jueces benefician. 
El irrespeto a los litigantes, el trato procesal desigual que el juez, le da al fiscal y al abogado privado, es bochornoso, pues el fiscal muchas veces llega, se mete primero a coordinarse con el juez, y despues hacen las audiencias. por favor, ya perdieron hasta la verguenza. a los litiganes privados no se les espera ni un minuto, a los fiscales, hasta dias enteros.
Por otro lado, reconociendo la labor humanitaria para los pobres , por lo que fue creada la defensoria publica, el problema no es la existencia y funcionamiento de la defensoria, sino el exceso de intervención  en todas las esferas del Derecho, y la indiscriminada forma en que atienden no solo a los pobres, sino también a gente de medio pelo , de pelo entero, y por si fuera poco, algunos funcionarios judiciales litigan en contubernio con la defensoría publica.
Es insoporrtable y doloroso para la poblacion, el delito de detencion ilegal que cometen los alcaides de los sistemas penitenciario, institucion que de forma escandalosa se burla de las sentencias judiciales, de las ordenes de libertad, de los jueces ejecutores de Recursos de Exhibicion Personal, y que sin ambages gritan a los cuatro vientos, que no importan las ordenes de libertad judiciales, porque la ultima palabra la tiene el ministerio de gobernacion. Donde ha quedado la justicia? y los reos deben esperar hasta que el emperador levante el dedo gordo y lo deje vivir en libertad.
Los jueces penales, en particular han destruido la fe notarial, los documentos publicos emtidos por Notarios publicos no tienen ningun valor para ellos a la hora de valorar los documentos.
La policia de transito y otras oficinas estatales no reconocen los poderes para representar a un ciudadano para hacer tramites administrativos, obligando a todos los nicaragüenses a realizar sus gestiones personalmente.
En la la via administrativa, como el Ministerio de la familia, no solo no aceptan a los abogados sino que los denostan y maltratan.

Ahora nos imponen veinticuatro informes electronicos del protocolo, un informe anual electronico, medidas que no están en la ley.

Este es una somera pincelada de la situación del Estado de Derecho en Nicaragua, y en medio de todo esta barbarie jurídica, levantamos nuestras voces, ante un atropello que también de forma reiterada, se viene practicando en Nicaragua, La falta de separación de poderes, la falta de independencia de poderes. La Corte legisla y  aumenta tasas del Registro de la propiedad ( tributos ) a traves de circulares y acuerdos, reforma leyes a traves de circulares. La asamblea calla y solo aprieta botones. El poder ejecutivo tiene supeditado al poder judicial.
En cinco palabras No hay Estado de Derecho.

La solución honorables magistrados que exigimos , es que  se respete de forma  absoluta la constitución, y a las leyes.

ya el  13 de julio 1962 , hubo un  paro nacional de abogados y notarios.  y ante tanto dislate, levantamos nuestra voz gremial para decir BASTA YA. Restauremos el Estado de Derecho. Que el poder judicial sea respetado por los demas poderes , empezando por el ejecutivo, en particular, policia, ministerio publico y sistema penitenciario.


    Masaya,  6 de enero 2017



DANILO MARTINEZ
PRESIDENTE DE ADANIC.
ASOCIACION DE ABOGADOS DEMOCRATICOS DE NICARAGUA.

martes, 17 de enero de 2017

Destituyen de su cargo a titular de Juzgado II de Distrito Civil de Masaya.

Destituyen de su cargo a titular de Juzgado II de Distrito Civil de Masaya
Martes, 17 De Enero De 2017

Escrito por Gloria Argüello
Masaya –La Corte Suprema de Justicia canceló el nombramiento del titular del juzgado Segundo Distrito Civil de Masaya, doctor Jairo Ramón Pérez Madrigal, según a
cuerdo número 01 del 16 de enero del 2017.

El Acuerdo señala que la nueva titular de esta dependencia judicial es la doctora Alba María Pérez Aburto, quien se desempeñaba como titular del Juzgado Local Civil de Jinotepe.


El magistrado de la CSJ, doctor Francisco Rosales Argüello, expresó que ¨por conveniencia institucional se tomó la decisión de destituir de su puesto al juez Jairo Ramón Pérez Madrigal¨.
¨Nuestro objetivo con estos cambios es darle continuidad y fortalecimiento al Plan Estratégico Decenal 2012-2021 de la Corte Suprema de Justicia, que señala un acceso a la justicia con alma y calidad humana¨, indicó el magistrado de la CSJ y coordinador de la Circunscripción Oriental, doctor Francisco Rosales Argüello.

El alto funcionario judicial expresó que todos los cambios son para mejorar y asegurarles a los usuarios una atención de calidad y respeto.


Doctor Alba María Pérez Aburto, nueva titular del Juzgado Segundo de Distrito Civil de Masaya.
¨Debido a las múltiples quejas presentadas por los usuarios y el personal de este juzgado por maltrato, y luego de un proceso de revisión, se tomó la decisión de realizar un cambio de timón en el manejo del Juzgado Segundo de Distrito de Masaya. Estamos seguros que este cambio traerá una mejor relación entre el judicial y los usuarios¨, indicó el magistrado.


El día de mañana 18 de enero la nueva titular tomará la promesa de ley ante el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental, doctor David Joy Rojas Rodríguez.

miércoles, 3 de febrero de 2016

Colegio de Abogados de Venezuela aprueba voto censura y solicita destitución de magistrados del TSJ


Llevatelo

El Colegio de Abogados de Venezuela aprobó el voto censura y solicitó la destitución de los magistrados de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
A continuación lea el comunicado completo:

El Consejo Superior Extraordinario de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela constituido por el Directorio de la Federación de colegios de abogados de Venezuela, el Presidente del Instituto de Previsión Social del Abogado y los presidentes de los colegios de abogados de los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira y Zulia, reunidos en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas el 22 de enero de 2016; de conformidad con lo previsto en el art. 255 Constitucional que consagra la responsabilidad personal de los jueces “por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad, y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”, en concordancia con los artículos 23, 25 y 26 constitucionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los “Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura”, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial,

ACORDÓ:


1- Voto de Censura a los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia por su actuación en los expedientes AA70-E-2015-000146 y AA70-X-2016-000001.

2- Exhortar al Poder Moral a iniciar los procedimientos correspondientes para hacer efectivas la responsabilidad de los magistrados.

3- Hacer del conocimiento del país y de la comunidad jurídica internacional, el contenido del presente documento y


4- Realizar ante las instancias internacionales correspondientes, las respectivas denuncias relacionadas con las sistemáticas y graves desviaciones de la justicia venezolana y la lesión a derechos humanos fundamentales.

En el exp. AA70-E-2015-000146, los magistrados de la citada Sala el 30-12-15, declararon procedente una solicitud de amparo cautelar, y ordenaron “la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación…” (sic) de los diputados electos por el Estado Amazonas mediante la Sentencia N° 260, la cual está viciada de NULIDAD ABSOLUTA, por ser inconstitucional e ilegal, y lo más grave, por ser ilícita al transformar un delito en una prueba y violentar la inmunidad parlamentaria y la soberanía popular. Dicha Sentencia:

1- Es contraria a la doctrina consolidada por ese mismo Tribunal Supremo, puesto que, habiendo sido determinado que: “La proclamación de un candidato en un determinado cargo,(sic), no puede ser suspendida o controlada a través de una acción de amparo constitucional otorgada a favor de quien lo pretende”, era obvio entender que mucho menos sería procedente en forma subsidiaria en una acción de nulidad y ello constituye un error grave e inexcusable.

2- Fue acordada en virtud de una grabación que es evidentemente ilícita, pues vulnera la privacidad de las comunicaciones consagrada en el artículo 48 Constitucional.

3- Al valorar la referida grabación como un “hecho notorio comunicacional”:

A- Quebrantaron el art. 49, numeral 1 Constitucional, que declara “nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso.”


B- No sólo relevaron a la recurrente de la carga de la prueba sino que se hicieron cómplices de un delito al legitimar una prueba inconstitucional e ilícita por el sólo hecho de haber sido difundida por los medios de comunicación, cuando esta difusión también constituye un delito, conforme al art 2 de “Ley Sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones”.

4- La inadmisibilidad del recurso es patente.

5- Suspendió “los efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación” cuando los mismos ya habían sido ejecutados, en consecuencia, violaron la inmunidad parlamentaria de dichos diputados y la soberanía popular.
.
Así mismo, adolece del vicio de Nulidad Absoluta la Sentencia N° 1, Expediente: AA70-X-2016-000001 en la cual declararon en “Desacato” a la Asamblea Nacional, por las siguientes razones:

1- Pretendieron dejar a toda la nación venezolana sin Poder Legislativo y sin representación parlamentaria, en virtud de un desacato que nunca existió, la sentencia 260 es inejecutable.

2- El Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia para invalidar a la Asamblea Nacional, ni anular sus actos presentes, salvo por las causales previstas en la Ley, y mucho menos los futuros.

domingo, 17 de enero de 2016

Juez ordena captura para una abogada, su madre y a su hermana

En caso de propiedad


 Elízabeth Romero   16/01/2016
Juez ordena captura para una abogada, su madre y a su hermana
La abogada Glenda Orozco denunció en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que el Juez Tercero Local de lo Penal ordenó captura en su contra y el arresto de su madre y una hermana suya, con tan solo un día que ella no se presentó a una audiencia en un proceso de supuesta usurpación del dominio privado en contra de sus parientes.
Orozco alegó que ella había justificado su ausencia ante ese tribunal, porque en esa misma fecha, el 11 de enero, tenía programada una audiencia en un caso que actúa como defensora.
Según la abogada fue evidente la parcialidad del judicial. La progenitora de Orozco Ana Aminta Aguilar y su hermana Dinora Elízabeth Orozco Aguilar, fueron detenidas en el Distrito Cinco de la Policía.
“No he cometido delitos para que ellos tengan como represalia una actitud ilícita violatoria a nuestros derechos”, dijo Orozco en el Cenidh.
El abogado del Cenidh, Carlos Guadamuz, afirmó que en este caso observan una actuación expedita primero por parte del Poder Judicial y luego en la ejecución por parte de la Policía.
“Nos llama la atención como Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que el juez haya dictado una orden de detención en un caso de propiedad, cuando en materia penal las acusaciones en el ámbito de propiedad como hay distintas sentencias y distintas circulares administrativas por parte del Ministerio Público, inicialmente se deben de agotar los procesos y las causas civiles”, expresó Guadamuz.
Manifestó el abogado del Cenidh que en este tipo de casos, la represión penal queda para última instancia. Además señala Guadamuz, que hay otros casos donde las víctimas llevan hasta dos años en espera de audiencias, aún cuando se trata de delitos contra la vida.
Mencionó Guadamuz que en materia de propiedad ha conocido un caso por ejemplo, en el que un adulto mayor ha esperado tres años para que la Policía actúe en una ejecución de sentencia donde el juez falló a su favor. Es por ello , que en el caso denunciado por Orozco, “es notorio que hay una rapidez”, dijo Guadamuz.
El abogado del Cenidh demandó la aplicación de la ley penal con igualdad y el respeto del debido proceso, pues recordó que el delito de usurpación del dominio privado no se encuentra dentro de las causales de ejecución penal con una prisión preventiva.
A su vez, indicó Guadamuz, en este caso la señora Aguilar es valetudinaria y padece enfermedades crónicas. Y en el caso de la abogada Orozco existe una constancia que confirma que la abogada asistió a una audiencia.

martes, 12 de enero de 2016

Abogado: la más difícil de las profesiones Oscar Castillo Guido


   02/10/2015


La profesión más difícil de todas es la de abogado. Y sustentaré el porqué:
Primero, el abogado de la parte demandante. Le corresponde estudiar el caso con objetividad a partir de la versión subjetiva del cliente, decidir si se promueve o no el procedimiento, prever los argumentos que pueda esgrimir la parte contraria, valorar con qué prueba se cuenta, hacer acopio de materiales y de argumentos, plantear bien la demanda, saber qué se dice y cómo.
Qué no se dice y por qué, cómo se articula la pretensión, de qué manera se fundamenta y cómo se concreta la petición en el escrito, requiere de una gran formación, rigor y destreza, y es algo de lo que depende, no la precisa delimitación de lo que será el objeto del proceso, sino también, el éxito mismo del pleito que se entabla.
Segundo. El abogado de la parte demandada, en el corto plazo para contestar a la demanda, debe estudiarla, contrastar su contenido con lo que le ha contado su cliente, plantearse con objetividad la situación, decidir si conviene allanarse u oponerse, resolver cómo contesta, qué excepciones aduce, qué hechos admite o niega y cómo delimita con sus alegaciones lo que conformará el objeto del debate; todo lo cual requiere no menos habilidad, preparación y experiencia que la de su colega y oponente.
En tercer lugar, se encuentra la de juez de primera instancia, quien, partiendo de escritos de demanda y de contestación, debe fijar el verdadero objeto de la controversia, interpretar y valorar la prueba producida, y dirimir la contienda dictando una sentencia ajustada a derecho que dé respuesta exhaustiva y congruente a las cuestiones planteadas por las partes, para lo que hace falta no solo una adecuada preparación jurídica, sino también gran sensatez y formación humana.
En cuarto lugar, la posición de los magistrados de la cortes ya sea de apelación o de la suprema, aun siendo como son, es muy importante su función, y cuenta con varios y precisos elementos para desempeñarla con acierto, como son una sentencia de primera instancia que ha resuelto motivadamente el debate planteado en la demanda y en la contestación, un razonado escrito de interposición del recurso de apelación el que se concreta la disconformidad de la parte recurrente con el contenido de aquella sentencia, y otro escrito, también fundado, de impugnación de ese recurso, quedando, en fin, reducida su actuación jurisdiccional a la adopción de una decisión que está delimitada por el conocido principio brocardo tantum appellatum quantum devolutum : “Tanto deferido como lo reclamado” o bien a lo alegado lo fallado y que quiere decir el juicio de apelación no debe conocer sino de aquello de lo cual se ha apelado y si debe ser fallado.
Tenemos que ser conscientes que detrás de nuestra importantísima función en un Estado de Derecho, actuamos con una laboriosidad extraordinaria, realizando un trabajo comprometido, responsable y extenuante, que en muchas ocasiones ni siquiera alcanza la recompensa merecida, y que se repite día a día en escenarios y contextos diferentes en los que lidiamos con sentimientos y emociones de toda clase.
Para preservar el valor de nuestra profesión, los abogados no solo seamos conscientes de nuestro esfuerzo, sino que valoremos la grandeza que ello representa para nosotros como personas y para nuestro colectivo.
No debemos escatimar esfuerzos en transmitir permanentemente a los demás qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, lo que sin duda contribuirá a sensibilizar a la sociedad del valor y mérito de nuestra honorable profesión. Sin duda alguna, repito, la más difícil de las profesiones.
El autor es jurista y decano de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UPOLI.