martes, 17 de enero de 2017

Destituyen de su cargo a titular de Juzgado II de Distrito Civil de Masaya.

Destituyen de su cargo a titular de Juzgado II de Distrito Civil de Masaya
Martes, 17 De Enero De 2017

Escrito por Gloria Argüello
Masaya –La Corte Suprema de Justicia canceló el nombramiento del titular del juzgado Segundo Distrito Civil de Masaya, doctor Jairo Ramón Pérez Madrigal, según a
cuerdo número 01 del 16 de enero del 2017.

El Acuerdo señala que la nueva titular de esta dependencia judicial es la doctora Alba María Pérez Aburto, quien se desempeñaba como titular del Juzgado Local Civil de Jinotepe.


El magistrado de la CSJ, doctor Francisco Rosales Argüello, expresó que ¨por conveniencia institucional se tomó la decisión de destituir de su puesto al juez Jairo Ramón Pérez Madrigal¨.
¨Nuestro objetivo con estos cambios es darle continuidad y fortalecimiento al Plan Estratégico Decenal 2012-2021 de la Corte Suprema de Justicia, que señala un acceso a la justicia con alma y calidad humana¨, indicó el magistrado de la CSJ y coordinador de la Circunscripción Oriental, doctor Francisco Rosales Argüello.

El alto funcionario judicial expresó que todos los cambios son para mejorar y asegurarles a los usuarios una atención de calidad y respeto.


Doctor Alba María Pérez Aburto, nueva titular del Juzgado Segundo de Distrito Civil de Masaya.
¨Debido a las múltiples quejas presentadas por los usuarios y el personal de este juzgado por maltrato, y luego de un proceso de revisión, se tomó la decisión de realizar un cambio de timón en el manejo del Juzgado Segundo de Distrito de Masaya. Estamos seguros que este cambio traerá una mejor relación entre el judicial y los usuarios¨, indicó el magistrado.


El día de mañana 18 de enero la nueva titular tomará la promesa de ley ante el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental, doctor David Joy Rojas Rodríguez.

miércoles, 3 de febrero de 2016

Colegio de Abogados de Venezuela aprueba voto censura y solicita destitución de magistrados del TSJ


Llevatelo

El Colegio de Abogados de Venezuela aprobó el voto censura y solicitó la destitución de los magistrados de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
A continuación lea el comunicado completo:

El Consejo Superior Extraordinario de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela constituido por el Directorio de la Federación de colegios de abogados de Venezuela, el Presidente del Instituto de Previsión Social del Abogado y los presidentes de los colegios de abogados de los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira y Zulia, reunidos en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Caracas el 22 de enero de 2016; de conformidad con lo previsto en el art. 255 Constitucional que consagra la responsabilidad personal de los jueces “por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad, y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones”, en concordancia con los artículos 23, 25 y 26 constitucionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los “Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura”, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial,

ACORDÓ:


1- Voto de Censura a los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia por su actuación en los expedientes AA70-E-2015-000146 y AA70-X-2016-000001.

2- Exhortar al Poder Moral a iniciar los procedimientos correspondientes para hacer efectivas la responsabilidad de los magistrados.

3- Hacer del conocimiento del país y de la comunidad jurídica internacional, el contenido del presente documento y


4- Realizar ante las instancias internacionales correspondientes, las respectivas denuncias relacionadas con las sistemáticas y graves desviaciones de la justicia venezolana y la lesión a derechos humanos fundamentales.

En el exp. AA70-E-2015-000146, los magistrados de la citada Sala el 30-12-15, declararon procedente una solicitud de amparo cautelar, y ordenaron “la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación…” (sic) de los diputados electos por el Estado Amazonas mediante la Sentencia N° 260, la cual está viciada de NULIDAD ABSOLUTA, por ser inconstitucional e ilegal, y lo más grave, por ser ilícita al transformar un delito en una prueba y violentar la inmunidad parlamentaria y la soberanía popular. Dicha Sentencia:

1- Es contraria a la doctrina consolidada por ese mismo Tribunal Supremo, puesto que, habiendo sido determinado que: “La proclamación de un candidato en un determinado cargo,(sic), no puede ser suspendida o controlada a través de una acción de amparo constitucional otorgada a favor de quien lo pretende”, era obvio entender que mucho menos sería procedente en forma subsidiaria en una acción de nulidad y ello constituye un error grave e inexcusable.

2- Fue acordada en virtud de una grabación que es evidentemente ilícita, pues vulnera la privacidad de las comunicaciones consagrada en el artículo 48 Constitucional.

3- Al valorar la referida grabación como un “hecho notorio comunicacional”:

A- Quebrantaron el art. 49, numeral 1 Constitucional, que declara “nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso.”


B- No sólo relevaron a la recurrente de la carga de la prueba sino que se hicieron cómplices de un delito al legitimar una prueba inconstitucional e ilícita por el sólo hecho de haber sido difundida por los medios de comunicación, cuando esta difusión también constituye un delito, conforme al art 2 de “Ley Sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones”.

4- La inadmisibilidad del recurso es patente.

5- Suspendió “los efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación” cuando los mismos ya habían sido ejecutados, en consecuencia, violaron la inmunidad parlamentaria de dichos diputados y la soberanía popular.
.
Así mismo, adolece del vicio de Nulidad Absoluta la Sentencia N° 1, Expediente: AA70-X-2016-000001 en la cual declararon en “Desacato” a la Asamblea Nacional, por las siguientes razones:

1- Pretendieron dejar a toda la nación venezolana sin Poder Legislativo y sin representación parlamentaria, en virtud de un desacato que nunca existió, la sentencia 260 es inejecutable.

2- El Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia para invalidar a la Asamblea Nacional, ni anular sus actos presentes, salvo por las causales previstas en la Ley, y mucho menos los futuros.

domingo, 17 de enero de 2016

Juez ordena captura para una abogada, su madre y a su hermana

En caso de propiedad


 Elízabeth Romero   16/01/2016
Juez ordena captura para una abogada, su madre y a su hermana
La abogada Glenda Orozco denunció en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que el Juez Tercero Local de lo Penal ordenó captura en su contra y el arresto de su madre y una hermana suya, con tan solo un día que ella no se presentó a una audiencia en un proceso de supuesta usurpación del dominio privado en contra de sus parientes.
Orozco alegó que ella había justificado su ausencia ante ese tribunal, porque en esa misma fecha, el 11 de enero, tenía programada una audiencia en un caso que actúa como defensora.
Según la abogada fue evidente la parcialidad del judicial. La progenitora de Orozco Ana Aminta Aguilar y su hermana Dinora Elízabeth Orozco Aguilar, fueron detenidas en el Distrito Cinco de la Policía.
“No he cometido delitos para que ellos tengan como represalia una actitud ilícita violatoria a nuestros derechos”, dijo Orozco en el Cenidh.
El abogado del Cenidh, Carlos Guadamuz, afirmó que en este caso observan una actuación expedita primero por parte del Poder Judicial y luego en la ejecución por parte de la Policía.
“Nos llama la atención como Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que el juez haya dictado una orden de detención en un caso de propiedad, cuando en materia penal las acusaciones en el ámbito de propiedad como hay distintas sentencias y distintas circulares administrativas por parte del Ministerio Público, inicialmente se deben de agotar los procesos y las causas civiles”, expresó Guadamuz.
Manifestó el abogado del Cenidh que en este tipo de casos, la represión penal queda para última instancia. Además señala Guadamuz, que hay otros casos donde las víctimas llevan hasta dos años en espera de audiencias, aún cuando se trata de delitos contra la vida.
Mencionó Guadamuz que en materia de propiedad ha conocido un caso por ejemplo, en el que un adulto mayor ha esperado tres años para que la Policía actúe en una ejecución de sentencia donde el juez falló a su favor. Es por ello , que en el caso denunciado por Orozco, “es notorio que hay una rapidez”, dijo Guadamuz.
El abogado del Cenidh demandó la aplicación de la ley penal con igualdad y el respeto del debido proceso, pues recordó que el delito de usurpación del dominio privado no se encuentra dentro de las causales de ejecución penal con una prisión preventiva.
A su vez, indicó Guadamuz, en este caso la señora Aguilar es valetudinaria y padece enfermedades crónicas. Y en el caso de la abogada Orozco existe una constancia que confirma que la abogada asistió a una audiencia.

martes, 12 de enero de 2016

Abogado: la más difícil de las profesiones Oscar Castillo Guido


   02/10/2015


La profesión más difícil de todas es la de abogado. Y sustentaré el porqué:
Primero, el abogado de la parte demandante. Le corresponde estudiar el caso con objetividad a partir de la versión subjetiva del cliente, decidir si se promueve o no el procedimiento, prever los argumentos que pueda esgrimir la parte contraria, valorar con qué prueba se cuenta, hacer acopio de materiales y de argumentos, plantear bien la demanda, saber qué se dice y cómo.
Qué no se dice y por qué, cómo se articula la pretensión, de qué manera se fundamenta y cómo se concreta la petición en el escrito, requiere de una gran formación, rigor y destreza, y es algo de lo que depende, no la precisa delimitación de lo que será el objeto del proceso, sino también, el éxito mismo del pleito que se entabla.
Segundo. El abogado de la parte demandada, en el corto plazo para contestar a la demanda, debe estudiarla, contrastar su contenido con lo que le ha contado su cliente, plantearse con objetividad la situación, decidir si conviene allanarse u oponerse, resolver cómo contesta, qué excepciones aduce, qué hechos admite o niega y cómo delimita con sus alegaciones lo que conformará el objeto del debate; todo lo cual requiere no menos habilidad, preparación y experiencia que la de su colega y oponente.
En tercer lugar, se encuentra la de juez de primera instancia, quien, partiendo de escritos de demanda y de contestación, debe fijar el verdadero objeto de la controversia, interpretar y valorar la prueba producida, y dirimir la contienda dictando una sentencia ajustada a derecho que dé respuesta exhaustiva y congruente a las cuestiones planteadas por las partes, para lo que hace falta no solo una adecuada preparación jurídica, sino también gran sensatez y formación humana.
En cuarto lugar, la posición de los magistrados de la cortes ya sea de apelación o de la suprema, aun siendo como son, es muy importante su función, y cuenta con varios y precisos elementos para desempeñarla con acierto, como son una sentencia de primera instancia que ha resuelto motivadamente el debate planteado en la demanda y en la contestación, un razonado escrito de interposición del recurso de apelación el que se concreta la disconformidad de la parte recurrente con el contenido de aquella sentencia, y otro escrito, también fundado, de impugnación de ese recurso, quedando, en fin, reducida su actuación jurisdiccional a la adopción de una decisión que está delimitada por el conocido principio brocardo tantum appellatum quantum devolutum : “Tanto deferido como lo reclamado” o bien a lo alegado lo fallado y que quiere decir el juicio de apelación no debe conocer sino de aquello de lo cual se ha apelado y si debe ser fallado.
Tenemos que ser conscientes que detrás de nuestra importantísima función en un Estado de Derecho, actuamos con una laboriosidad extraordinaria, realizando un trabajo comprometido, responsable y extenuante, que en muchas ocasiones ni siquiera alcanza la recompensa merecida, y que se repite día a día en escenarios y contextos diferentes en los que lidiamos con sentimientos y emociones de toda clase.
Para preservar el valor de nuestra profesión, los abogados no solo seamos conscientes de nuestro esfuerzo, sino que valoremos la grandeza que ello representa para nosotros como personas y para nuestro colectivo.
No debemos escatimar esfuerzos en transmitir permanentemente a los demás qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, lo que sin duda contribuirá a sensibilizar a la sociedad del valor y mérito de nuestra honorable profesión. Sin duda alguna, repito, la más difícil de las profesiones.
El autor es jurista y decano de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UPOLI.

miércoles, 30 de diciembre de 2015

DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS

jueves, 19 de noviembre de 2015




TERCERIZACIÓN: ESTRATEGIA DEL CAPITAL CON CONSECUENCIAS NEFASTAS PARA LOS TRABAJADORES

El rico intercambio de experiencias entre los participantes de nuestro encuentro nos revela el incremento en nuestra Región de la tercerización en la contratación laboral, sus características y consecuencias.

Detrás del falso argumento de eficiencia productiva y competitividad, se esconde un doble objetivo: incrementar la tasa de ganancia pagando bajos salarios y obteniendo lucros ilegítimos a través de los verdaderos costos de la intermediación en la contratación; y dividir el colectivo laboral desarticulando el poder de la clase obrera. Son manifestaciones del neoliberalismo cuyos embates venimos resistiendo.

La primera manifestación del fenómeno tercerización es la discriminación de los trabajadores en la empresa, entre aquellos contratados directamente por ésta y los que prestan su fuerza de trabajo a través de intermediarios.

Esa discriminación se manifiesta principalmente, en que los trabajadores tercerizados perciben remuneraciones muy inferiores a la de los empleados directos; suelen tener un encuadramiento sindical diferente o ninguna posibilidad de encuadramiento sindical; su inestabilidad en el empleo es mayor; su protección en materia de seguridad en el trabajo es menor o directamente nula; sufren el riesgo de insolvencia de los intermediarios que los contratan; en síntesis padecen una precarización generalizada de su relación laboral, muy lejana del trabajo digno a que tienen derecho.

La tercerización se enmarca en una situación general del mundo del trabajo signada por el desempleo estructural, el subempleo, el trabajo no registrado, y otras formas de depresión y precarización de las relaciones laborales, aún más graves en sus consecuencias sociales que la propia tercerización; todas ellas formas para mantener e incrementar la rentabilidad del capital.

Más allá de los cambios experimentados por los mercados consumidores y las formas de organización empresarial, el trabajo humano continúa y continuará constituyendo el factor determinante de la creación de bienes y servicios que hagan posible una vida mejor.

La clase capitalista dominante pretende mantener la hegemonía para su injusta apropiación de la riqueza de muy diversas maneras, una de sus estrategias principales es mantener dividida a la clase trabajadora. Y la tercerización constituye un instrumento clave de esa estrategia. Porque al discriminar brutalmente a los trabajadores, produce un efecto en lo inmediato que traslada la división del colectivo laboral en la empresa a los trabajadores como clase social.

Con ello consigue un notable debilitamiento que no solo se expresa en el plano socio-laboral, sino también específicamente en lo sindical y político. Todo lo cual le facilita seguir adelante con su política de precarización de los vínculos laborales.

Pero más allá de las actuales derrotas que puedan sufrir nuestros pueblos como víctimas de esas manifestaciones actuales del neoliberalismo, la historia de la humanidad, leída como un proceso dinámico nos enseña  que a través de los tiempos los  trabajadores han logrado, y lograrán, sobreponerse y avanzar hacia situaciones sociales más justas.

Esa es una tarea que deben protagonizar los trabajadores, a la que nosotros en cuanto abogados laboralistas y también parte del colectivo social, tenemos la vocación y el deber de contribuir.

En lo inmediato debemos recordar que el derecho al trabajo; a un trabajo digno, estable y justamente remunerado, es un Derecho Humano que consagran los Tratados Internacionales vigentes en nuestros países.

Establecemos el compromiso de internacionalizar los derechos del trabajo y sus instrumentos protectores, así como llevan a cabo la internacionalización de los derechos humanos. Apoyamos la Organización Internacional de los trabajadores, sus luchas, huelgas y reivindicaciones internacionales.

Nosotros impulsamos y desarrollamos esos derechos a través de nuestra Carta Socio Laboral Latinoamericana. Por todo eso en nuestra Carta Socio Laboral proponemos la prohibición, lisa y llana, de la tercerización laboral.

La presente Declaración fue aprobada durante el Encuentro Latinoamericano de Abogados Laboralistas en el marco del XXV Congreso de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos en la Ciudad de México el día 7 de noviembre pasado.

LA LEY DE SEGURIDAD CONTRA EL SOBERANO

LIC. DANILO MARTINEZ


Masaya 26 de diciembre del 2015


Recientemente se aprobó en el parlamento, la “LEY DE SEGURIDAD SOBERANA”. Mensaje claro, directo, que el régimen no escatima mecanismos y medios, para su continuismo en el Poder. El propósito de la ley no es solo intimidatorio,  sino que es parte de los preparativos en contra del descontento que pueda surgir después de los “resultados” de la contienda electoral del dos mil dieciséis. Es parte del arsenal represivo con que cuenta el actual régimen para garantizar su perpetuidad. Es un intento por darle legitimidad a la persecución y represión contra el pueblo.

Dicha ley:  
Pone el poder militar sobre el poder civil
Asigna un papel preponderante a la inteligencia militar en contra de la oposición política, y convierte a Nicaragua de un Estado Policiaco a un Estado Militar.

Define la seguridad soberana como los intereses del actual gobernante, su modelo de gobierno. La exposición de motivos en su onceavo párrafo, dice “que la seguridad soberana se garantiza por el vínculo estrecho entre la familia , empresarios, trabajadores y productores nicaragüenses, con el gobierno –ejército y policía nacional” cuando la realidad indica que el actual gobierno ha fragmentado a la familia nicaragüense y en vez de alianza, mantiene  una brutal represión contra los trabajadores ( mina el limón, ex cañeros del ingenio san Antonio, mineros de santo domingo, población del triángulo minero, del empalme san Benito etc), y  asfixia a los productores y empresarios que no comulgan con su línea partidaria. 

En su arto. 1 dicha ley taxativamente define su objeto , como la búsqueda de la unidad, y pasa a definir ámbito, competencia , estructura e instancias para defender lo que el gobierno entiende por seguridad soberana ( su modelo de gobierno). Pero la unidad  de una nación no se forja con persecuciones politicas, sino con dialogo, respeto y tolerancia.

En su arto. 3 , la polémica Ley habla de su FINALIDAD: contrarrestar los factores adversos a la seguridad soberana, PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO , PLANES DE INVERSION Y LA ESTABILIDAD SOCIAL POLITICA Y ECONOMICA NACIONAL. Por tanto reduce la Soberanía a planes de inversión, proyectos financieros, alusivos claramente al proyecto del Canal interoceánico, proyecto que esta decidido imponer a cualquier costo.

Lo más relevante de este adefesio jurídico es que la ley de seguridad soberana, se diseñó para aplicársela Al PROPIO SOBERANO, o sea  al pueblo nicaragüense.

Es un arma más del régimen dictatorial para aplacar las protestas sociales, las inconformidades de las minorías, las luchas sindicales, el grito nacional contra la construcción del canal interoceánico, la organización y movilización de los partidos y grupos políticos, la labor orientadora y constructiva de las ONG, en fin es una arma de represión contra toda la sociedad civil que no dobla la cerviz ante el Dictador.

El pueblo es el depositario de la Soberanía! La Soberanía no se puede invocar contra el propio soberano. El pueblo de Nicaragua es el dueño legitimo del poder, y tiene derecho a reclamar, a protestar, y aun a recurrir al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión.( segundo considerando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)


El régimen del señor Ortega, en vez de estar aprobando leyes injustas, antidemocráticas y represivas,  debería fomentar el diálogo y la unidad de todos los nicaragüenses y ser un Estado eficiente en la defensa de la integridad territorial. Martin Fierro dijo: “cuando los de adentro se pelean los de afuera se los  comen.”   

jueves, 3 de septiembre de 2015

Subsidios y llegadas tarde afectan al poder judicial


 Por: Martha Vásquez

 LA PRENSA/ARCHIVO


 El setenta por ciento del personal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llega entre un minuto a una hora tarde diario a su centro de trabajo, reveló la magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de ese poder del Estado, durante una reunión con sindicatos. Además Ramos detalló que existe un alto índice de “ausentismo laboral por subsidios y permisos, algunos de ellos indebidamente justificados”, en todo el poder judicial, según una nota de prensa, publicada ayer en la página web de esa institución. De acuerdo con Ramos, diario en el poder judicial están ausentes unos 680 trabajadores, de los cuales el 56 por ciento son mujeres y el 44 por ciento varones. Los que tienen mayor recurrencia de subsidios son los secretarios asistentes de las y los jueces y magistrados. Sobre las llegadas tarde, Ramos presentó un informe de las marcadas y llegadas tarde de los trabajadores de la CSJ y dijo que retomarían las marcadas de entrada y salida. “(…) Hay muchas oficinas donde hay un gran número de personal, de los cuales ni la mitad marcan entrada, menos salida; de todo el personal de la Corte solo el treinta por ciento llega puntual”, dijo la presidenta de la CSJ. EN LOS JUZGADOS Sin embargo, abogados y fiscales consultados al respecto dijeron que también deberían ponerle “ojo” a algunos jueces abusivos en los Juzgados Centrales de Managua, donde muchas veces tienen que esperar hasta tres horas para que bajen a Salas de Audiencias, aunque los hayan citado a una hora específica. “Algunos jueces son irresponsables con el horario y nos complican el día, porque el retraso de ellos nos obliga a pedir reprogramación de audiencias o correr las horas de otras en los otros Juzgados, porque nos chocan las comparecencias”, dijo un abogado, quien solicitó el anonimato por temor a que le traben sus diligencias. Otro abogado dijo que a los jueces no les “tiembla” la mano para declararles el abandono porque llegan tarde a su Juzgado por estar en audiencia de jueces tarderos y eso solo les perjudica a ellos. EN 2015 VAN “42 AÑOS”DE SUBSIDIO “De enero a junio se han generado 15,628 días de subsidio, equivalentes a 42 años (en todo el poder judicial)”, detalló la magistrada Ramos a los sindicatos. La funcionaria dijo que “hubo un trabajador que hasta amenazó al doctor de una empresa médica previsional cuando este se negó a seguir brindándole los reposos”. También afirmó que algunos empleados se cambian de empresa médica previsional cuando los médicos ya no les quieren extender subsidios. Ramos dijo que a esos trabajadores que presentan hasta 11 subsidios se les debería de dar de baja por incapacidad laboral, en conformidad con la Ley. La magistrada criticó a los trabajadores que presentan hasta 11 meses de subsidio. “Es horrible vivir a costa del Estado y no trabajar, eso es lo que generalmente hacen muchos de los que presentan subsidios de hasta 11 meses y otros que viven cambiando de empresa médica previsional, cuando ya en la que están no les quieren seguir brindando subsidios”, cuestionó Ramos. La presidenta de la CSJ dijo que hay médicos que no tienen conciencia del impacto que los subsidios provocan y fomentan este problema. TOMAR MEDIDAS También hizo un llamado a los jefes de oficinas, presidentes de los Tribunales de Apelaciones y a los delegados administrativos de las circunscripciones judiciales de todo el país a “poner ojo” con el exceso de solicitudes de subsidios y la indisciplina laboral y tomar medidas, según la nota de prensa. “Juntos podemos erradicar este problema, recordemos que somos una misma institución y todos trabajamos por un mismo objetivo”, manifestó la presidenta de la CSJ. SINDICATOS De acuerdo con Carlos Tinoco, secretario nacional de la Confederación Nacional de Trabajadores Judiciales de Nicaragua, “hay una confusión en los datos publicados por la web de la Corte, porque el ausentismo es del diez por ciento en todo el país, incluyendo subsidios y llegadas tarde”. “El reposo es un derecho, pero hay que identificar casos de abuso, porque el trabajo se le recarga a otro trabajador. Estamos haciendo conciencia a los que están de libreteros, para dar un mejor servicio a la población”, dijo Tinoco. El sindicalista insistió en que estas reuniones con la presidenta de la Corte se están dando para mejorar y coordinar mejor el trabajo. 15,628 días de subsidio, equivalentes a 42 años, se han emitido de enero a junio de este año, detalló la magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia a sindicatos judiciales.


lunes, 1 de junio de 2015

La condena contra Milton Arcia






Recientemente tuve en mis manos la copia de la sentencia donde declaran culpable al señor Milton Arcia, por el delito de injurias y calumnias, y le imponen el pago de una multa de ochenta mil córdobas, o en su lugar un mil doscientas horas de trabajo en beneficio de la comunidad, y de no hacer esto, se le impone ciento cincuenta días de prisión.
Vino a mi mente, la célebre frase de Nietzsche, “quítenle todo a un pueblo, pero no le quiten la esperanza de justicia, si se la arrebatan lo habrá perdido todo, y se rebelará”.
Creo que estamos llegando a esos momentos descritos por el filósofo alemán, con la forma en que se han apresurado a condenar en un plazo breve de veinte días, un juicio sumarísimo, a un ciudadano nicaragüense, que recientemente miró impotente cómo el poder ejecutivo destruía su hotel construido en la isla paradisiaca de Ometepe, que fue arrastrado, esposado y llevado a la cárcel un Viernes Santo, día sagrado en Nicaragua, sin orden judicial, sin orden de allanamiento, sin un proceso administrativo ni judicial, sin sentencia firme, y la sospecha del sabotaje de su yate privado que se hundió en las agitadas aguas del lago Cocibolca.
Definitivamente ha sido sometido a un juicio secreto, lleno de nulidades absolutas, donde habiendo pedido el ingreso el doctor Álvaro Leiva, y sin haberse opuesto el querellado, el señor juez no dejó entrar a los medios de comunicación independientes ni a los organismos de derechos humanos.
Realmente estamos frente a un asunto de derechos humanos, de violaciones a derechos fundamentales, reconocidos en nuestra carta magna, reconocidos, firmados y ratificados por el Estado de Nicaragua, como son, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el derecho a no ser detenido sino por causas justas previstas por la ley, por orden de autoridad competente y con arreglo a derecho, derecho a la defensa, al debido proceso, a ser juzgado por juez imparcial, derecho de propiedad, derecho a la libre expresión, derecho a denunciar y hacer críticas a los funcionarios públicos por hechos de su cargo.
Han sepultado los derechos del señor Arcia, a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales.
Decía Montesquieu en el año 1747: “Los poderes no deben concentrarse en una sola persona. Si dos de los tres poderes están en una misma mano, estamos frente a una dictadura”. Y en Nicaragua no son dos, sino los cuatro poderes que están en manos de una misma persona, con una Policía partidarizada que actúa sin orden judicial.
No existe un poder judicial que sirva de contrapeso a los abusos de poder. Ante los ojos del poder judicial este gobierno reprimió la protesta de médicos y maestros, la huelga de taxistas salvajemente vapuleada en Managua, la protesta de los mineros de Santo Domingo, Chontales, las protestas de las minas de Bonanza y de mina El Limón, las protestas sociales en contra del Canal de Wang Jing, y continúa ensañándose contra el señor Milton Arcia.
Afirmaba Rousseau que “la fuerza no constituye derecho”, y este gobierno, cuestionado por su falta de legitimidad, ha recurrido cada vez más a la brutal represión, a violaciones a la Constitución y a la intolerancia frente a las críticas contra sus funcionarios públicos.
Este régimen se ha convertido en el monstruo de dictadura contra la que luchó.


El autor es presidente de la Asociación Democrática de Abogados de Nicaragua (ADANIC).




  1. Sin Justicia y la Verdad, no hay Cristianismo, Paz, Amor, Armonía y todo lo que se pregona es Blasfemia, Hipocresía y Manipulación. Quien tenga entendimiento que entienda.Santificado y Glorificado sea el Dios Altísimo, Todopoderoso Jehová de los Ejércitos. Recomiendo: 1 Reyes 21:19 – 26; 22:38; 2 Reyes 9:30-37; Jeremías 22: 5, 8, 9, 29; 23:1 – 40; Apocalipsis 2:18-29

  2. la serpiente o un árbol); Nos oprimen, cobran carísimo las migajas que le dan a algunos necesitados, nos engañan y nos extravían en sus sendas malditas.Nuestra batalla debe ser con la verdad, sin recurrir al Odio, la Violencia, el Vandalismo, el Homicidio o Asesinato para no ser iguales o peores que los perversos hijos de Satanás.

miércoles, 15 de abril de 2015

Nepotismo en poder judicial


  • En circunscripción de Las Segovias hay unos cuarenta familiares de magistrados y jueces
Después de que trabajadores judiciales denunciaran el nombramiento de más de cuarenta familiares de magistrados del Tribunal de Apelaciones y algunos jueces en los departamentos de Madriz, Nueva Segovia y Estelí, la presidenta de Apelaciones en la circunscripción Las Segovias, magistrada Luz Adilia Cáceres, admitió que sí tienen familiares ocupando puestos administrativos, pero que han llegado ahí porque han concursado y ganado.
Cáceres dijo que los magistrados de la circunscripción Las Segovias no se encargan de hacer los nombramientos, sino el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) después de la evaluación que hacen funcionarios de Managua en cada territorio.
Francisca Pérez Espinoza, dirigente sindical del poder judicial en el departamento de Estelí, negó que sean apañadores o encubridores y que callen ante esta situación y dijo que ya están agotando las diversas vías para denunciar lo que denominó abuso de autoridad.
“Nosotros ya denunciamos esto ante los mismos magistrados del Tribunal de Apelaciones de Estelí (TAE) y ante las autoridades de la Corte Suprema de Justicia y también estaremos recurriendo ante el Ministerio del Trabajo (Mitrab) porque aquí se están violando oportunidades para trabajadores de esta institución que llevan años trabajando y profesionalizándose para ganarse un puesto y no se les da oportunidades y más bien gente sin un nivel profesional ya ocupan cargos con buenos salarios”, declaró.
“Es un abuso de autoridad que hayan nombramientos de familiares cercanos de magistrados y jueces (…) y se deje sin oportunidad a trabajadores que sí llevan años profesionalizándose y que han concursado sin ningún chance”. Francisca Pérez Espinoza, dirigente sindical del poder judicial, Estelí.
En tres departamentos
En una lista proporcionada a LA PRENSA aparecen con nombres y apellidos más de cuarenta personas que son hijos, sobrinos, esposos y esposas, tíos, hermanos y hermanas de magistrados y de jueces que forman parte de las áreas administrativas y judiciales en los complejos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia.
Las fuentes, quienes solicitaron no se revelaran sus nombres, criticaron a los dirigentes del sindicato de ese poder del Estado, a quienes calificaron de apañadores y hasta cómplices de estas actuaciones que impiden que trabajadores profesionales y abogados puedan hacer carrera judicial.
No se puede decir “no”
Sobre las denuncias de nepotismo en el poder judicial, la magistrada Luz Adilia Cáceres, presidenta del Tribunal de Apelaciones Circunscripción Las Segovias, dijo que “los nombramientos no los determinamos nosotros los magistrados, sino el nuevo modelo de justicia con Carrera Judicial y Carrera Administrativa que manda a concursar a los aspirantes a cargos y si alguien de la familia estudió y concursó para ocupar un puesto no podemos decirle que no aspire al mismo”.

Parentesco cuenta en poder judicial


El presidente de la Asociación de Abogados y Notarios Públicos de Estelí, Alfredo Castillo Lira, calificó como un peligro para la administración de justicia la ocupación de familiares de funcionarios de juzgados y Tribunal de Apelaciones en las Segovias en diferentes dependencias.
“Me da la impresión de que ese tipo de situación es la que está afectando para que en este momento se esté dando una mala administración de justicia en el poder judicial”, refirió.
Algunos trabajadores del poder judicial filtraron un documento en el que aparecen familiares de magistrados y jueces que ocupan diferentes cargos en juzgados de Estelí, Madriz y Nueva Segovia.
La magistrada presidenta del Tribunal de Apelaciones circunscripción Las Segovias, Luz Adilia Cáceres, insistió en que ellos no son los que nombran nuevos cargos y que cada uno de los trabajadores en el poder judicial de su jurisdicción han demostrado eficiencia y profesionalismo.
Sin embargo, Castillo afirmó que lo que más vale es el parentesco o afinidad que tenga el aspirante con el alto funcionario. “¿Cuál concurso? Me pregunto yo. Es mentira, aquí no hay concurso. Aquí se nombran diferentes tipos de personas de conformidad a la amistad o de cercanía con el funcionario mayor”, dijo Castillo, agregando que de esta situación informaron a la magistrada presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos.