lunes, 4 de julio de 2011

Raro nombramiento de un juez en Rivas

RIVAS

Pese a no estar registrado en la Corte Suprema de Justicia como abogado y Notario Público, el leonés Kreeger Alberto Artola Narváez fue juramentado por el magistrado y presidente del Tribunal de Apelaciones de Granada, Norman Miranda, como juez suplente del Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Rivas.
Fuentes del Poder Judicial señalaron que el nombramiento fue anómalo, y mostraron  una constancia emitida por la Corte Suprema de Justicia, con fecha del 27 de junio, en la cual se hace constar que el “ciudadano Kreeger Alberto Artola Narváez, a la fecha, no está registrado  como Abogado y Notario Público por este supremo tribunal”, señala la constancia firmada por el secretario de la Corte Suprema de Justicia, Rubén Montenegro.
“Además de no estar incorporado como abogado y notario, Kreeger Alberto Artola Narváez, se graduó en 2009 en la UNAN de León, por lo que tampoco cumple con el requisito de tener como mínimo tres años en el ejercicio de la abogacía o el mismo tiempo como catedrático en materia de derecho, por lo que jamás podía ser nombrado como juez”, señaló.
Artola Narváez fue nombrado como juez suplente en mayo, por lo que según la constancia emitida por la CSJ, en esa fecha ni siquiera estaba incorporado en la Dirección de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos del Poder Judicial, por lo que se desconocen las razones por la que fue juramentado como juez suplente.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, es a la Corte Plena a la que le corresponde nombrar o destituir jueces, así como extender los títulos de Abogado y Notario Público; “por  lo que es insólito e incompresible lo que sucedió con la juramentación de Artola Narváez”, señaló el informante

Graves denuncias contra 4 reelectos en apelaciones


  • Ciudadanos frustrados cuentan por separado sus problemas de propiedad horas antes de reelección anunciada
  • Queda claro que prevalecen acuerdos políticos a quejas
Por: Ramón H. Potosme
Rafaela Urroz: Es la presidenta de la Asociación de Jueces de Nicaragua (Ajumanic). De tendencia sandinista, es quien vio casos como el de los Centeno Roque y la denuncia por los Cenis. LA PRENSA/ G. MIRANDA
Los magistrados de Apelaciones, Ignacio de Loyola López Ortega, Denis Maltez, Rafaela Urroz y Dolores Barquero, gracias a dos casos distintos, comparten quejas por su actuación como operadores de justicia.

LA PRENSA, en este segundo trabajo previo a su reelección, escudriña a los magistrados para ofrecer una muestra de los funcionarios que administran las leyes. José René Jiménez y Rolando Betancourt son dos ciudadanos que expusieron por separado su frustración ante el sistema judicial al que señalan de corrupto. Sus casos, relacionados a disputas de propiedades, llevan más de diez años sin resolverse.

Jiménez acusa al magistrado Ignacio López Ortega, del Tribunal de Apelaciones de Matagalpa, de pretender apoderarse de la herencia de su familia a través de su influencia en el poder judicial.

López Ortega asegura en cambio que todos los señalamientos son falsos y que salen a relucir cada vez que hay reelección de magistrados.

Sin embargo Jiménez puso su queja el pasado 23 de junio ante la CSJ, donde pide no se reelija y se sancione al magistrado López Ortega. El denunciante asegura que el magistrado, en contubernio con su padre, Ignacio López Rivera, falsificaron partidas de nacimiento y atribuyeron dos hijos a una de sus tías, a través de los cuales penetraron la herencia de su familia.

La reposición de partidas de los hijos falsos se hizo el mismo día en que murió la tía de Jiménez. A través de un proceso legal que lleva más de 13 años —según Jiménez— los falsarios obtuvieron declaratoria de herederos de todos los bienes de su familia.

SE QUEDÓ CON BIENES


A López Ortega se le vincula pues uno de los falsarios, con herencia en mano, pasó parte de sus bienes a nombre del magistrado. El caso todavía se encuentra en los juzgados porque el mismo magistrado dejó al descubierto a los impostores para pretender quedarse con toda la herencia, según Jiménez.

LA QUEJA DE BETANCOURT


Rolando Betancourt es el otro denunciante y reclama por la propiedad donde ha vivido desde siempre en el barrio Ducualí, en Managua, una casa con un área de 500 metros cuadrados.

Según los datos de las sentencias emitidas por el sistema judicial el caso fue resuelto a favor de la familia de Betancourt hasta en casación.

Luego los magistrados de la Sala Civil uno del TAM, Maltez, Barquero y la magistrada Urroz, aceptaron un recurso de nulidad y fallaron en contra de Betancourt, a pesar de ser cosa juzgada.


Dolores Barquero Brockman: Fue abogado de la Presidencia durante la Administración de Arnoldo Alemán y señalado de abogar por sus protegidos entre testaferros y colaboradores. LAPRENSA/G. MIRANDA
“Hablaba con magistrados de la Corte sobre mi caso. Les dije, si no sirven sus sentencias, lo mejor es desaparecer la CSJ. Eso no lo digo yo, son los magistrados (de apelaciones) los que dicen que las sentencias de la Corte no valen”, se quejó Betancourt

La disputa por la propiedad es entre la mamá de Betancourt, Lilian Espinoza y su vecina Blanca María Somarriba.

La sentencia número 110 del 9 de junio de 2009 de la Sala Civil de la CSJ, declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por Somarriba.

Pero el 16 de agosto del 2010 el TAM aceptó un recurso de apelación de Somarriba, pidiendo la nulidad de todo lo actuado, incluso por la misma Corte. El 10 de febrero de este año el Tribunal falló a favor de Somarriba.

“Aquí nos falta Alicia porque este es el país de las maravillas”, dijo con sorna Betancourt.

Juez suplente sin registro de abogado


Ramón Villarreal B., Lucía Vargas y Eddy López/ RIVAS, GRANADA, LEON.- Un juez suplente de Distrito Penal de Juicio de Rivas podría estar en ejercicio de sus funciones sin siquiera estar registrado como abogado y notario público.

Según una constancia emitida por el secretario de la Corte Suprema de Justicia, Rubén Montenegro, en los registros de la Corte Suprema de Justicia no está registrado Kriguer Alberto Artola Narváez. La constancia fue emitida el pasado 27 de junio y una copia se encuentra en poder de LA PRENSA.

Artola Narváez, de 27 años y originario de León, fue nombrado como juez suplente de juicio en los cambios hechos recientemente por el poder judicial, con jueces de Rivas, Granada y Managua. Pero Artola Narváez no está registrado como abogado y notario público, detalla la constancia del secretario de la CSJ.

El presidente del Tribunal de Apelaciones de Granada (TAG), magistrado Norman Miranda Castillo, dijo que Artola Narváez se graduó en el 2008 en la Universidad Nacional Autónoma de León (UNAN) y que desde entonces ejerce su profesión como abogado litigante en esta ciudad.

Miranda comentó que Artola Narváez fue un excelente alumno en la universidad y en su currículum tiene el segundo lugar de oratoria a nivel latinoamericano en la Universidad de Puebla, en México.

“No hay necesidad de dudar de los méritos de Artola Narváez, porque él reúne todos los requisitos que exige la Ley No. 260 y se nombró juez suplente porque tiene un excelente currículum. Con el nombramiento de Artola el poder judicial solamente está buscando la excelencia de sus funcionarios”, insistió Miranda.

LEY ESTABLECE REQUISITOS PARA SER JUEZ


Sin embargo las dudas sobre si Artola Narváez reúne los requisitos se fundamentan en el artículo 137 de la Ley orgánica del Poder Judicial o Ley 260, que en el numeral 4 dice que el juez debe ser abogado, y en el numeral cinco exige que para ser juez de distrito, sea propietario o suplente, el nombrado tiene que al menos “haberse desempeñado como juez local durante más de dos años, como secretario de juzgado por más de tres años o haber ejercido la abogacía o desempeñado docencia universitaria en disciplina jurídica, por un período no menor de tres años”, detallan dichos artículos.

Un jurista consultado por LA PRENSA, que pidió no ser identificado, dijo que no es lo mismo ser graduado de la universidad como licenciado en Derecho, que ser abogado y notario público, y recordó que los títulos de abogado y notario los otorga la CSJ de justicia en pleno.

Respecto a la entrega del título de licenciado en Derecho, LA PRENSA consultó —en condición de anonimato— a otro abogado rivense que se graduó en una universidad de Rivas en el 2008 y este comentó que la CSJ le entregó nueve meses después (en septiembre del 2009) su título de abogado y hasta casi un año después el título de notario.

“Y todavía tuve que esperar un mes y 15 días más para tener mi primer protocolo, antes de eso litigaba, pero en menor cuantía, mejor dicho como un pasante, fue hasta que la CSJ me nombró abogado que ya podía ejercer como tal”.

LA PRENSA trató de buscar la versión del juez Artola Narváez, pero en el Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Rivas se nos dijo que este llega únicamente cuando le toca sustituir al juez Diógenes David Dávila.

Tal como sucedió el miércoles 15 de junio, que Artola Narváez ocupó la titularidad del Juzgado de Distrito Penal de Juicio para tratar de iniciar el juicio contra una supuesta banda de apoyo logístico narco de San Juan del Sur, pero como uno de los abogados defensores tuvo un problema de salud, Artola suspendió el inicio del juicio y lo reprogramó para el 9 de agosto próximo.

Ayer LA PRENSA buscó en León a Artola Narváez, quien habita de la iglesia de Guadalupe tres cuadras al oeste y media cuadra al norte, pero este no se encontraba y sus familiares expresaron que andaba en un cyber.