Granada, 12 de
julio 2013.
Lic. Valentín
Barahona Mejía
El pasado 22 de
junio, la ley 779, cumplió su primer aniversario, a la fecha los
administradores de la ley (Policía, Ministerio Público y Poder judicial) no han realizado una evaluación prospectiva,
de los efectos de la misma. Durante este periodo hubo debate ideológico en los medios de comunicación (televisión,
periódicos, etc.); grupos feministas radicales y magistradas de la CSJ, sin
pudor se declararon abanderadas de la ley, entretanto otros sectores atacaron la ley por estimarla lesiva a la Ley
Fundamental de la República.
Se dieron marchas y
plantones; los defensores de la Constitución, exigían la anulación de la 779; salieron
a relucir contradicciones en el seno de la
CSJ, algunos magistrados dijeron que la ley viola el art. 27 de la Carta Magna,
otros aducían lo contrario; instituciones religiosas se vieron inmersos en la
polémica, obispos y sacerdotes de la iglesia católica, pastores evangélicos, al
extremo de que un obispo llamó a la ley 779
“el numero de la bestia”.
Abogados
litigantes, catedráticos universitarios, a través de los periódicos del país,
escribieron extensos artículos, dejando sentada su posición sobre la ley. El pueblo a través de las redes sociales
internet y faceboot, opinaron contra la legislación. Aun cuando la ley 49, ley
de Amparo, establece el término de 60 días, para que la Sala Constitucional
dicte sentencia, hasta hoy los recursos por
inconstitucionalidad duerme el sueño de los justos.
¿Mas que ha pasado
en el periodo 2012-2013, en la aplicabilidad de una ley eminentemente sexista?
Bueno de todo ha habido. Los grupos feministas radicales, siguen manipulando
las estadísticas de violencia, se quejan que la ley 779, no ha podido parar la
vorágine de violencia contras las mujeres;
aseveran que el fenómeno va en
aumento cada día; culpan a la policía, al ministerio público y jueces del poder
judicial por las deficiencias; acusan al Estado de no dar presupuesto para
hacer efectiva la ley, en otras palabras todo ha sido un fracaso y el estado de
cosas no ha cambiado nada.
La Presidenta de la CSJ, dio a conocer que
hubo una redada de miles y miles de hombres capturados y acusados por la 779; los
imputados fueron puestos a la orden del
juzgado de violencia. En este tipo de juicios
el fiscal se la lleva fácil, pues de nada sirve alegar que la acusación no
reúne los requisitos de ley; oponer
excepciones, las cuales son de entrada rechazadas, este tipo de juicio
es tigre suelto con burro amarrado, el juez dicta la prisión preventiva, aun en
los casos de faltas, pues la faltas alcanzaron la categoría de delito, luego viene
el fallo de culpabilidad. La Presidenta de la CSJ, eufórica indicó que un alto
porcentaje de expedientes son resueltos por acuerdos, esto ocurre cuando el
acusado acepta los hechos, la víctima se
muestra magnánima, así se suspende la ejecución de la pena, previa entrega de dinero,
vehículos y vivienda por parte del convicto.
Por ignorancia a
los efectos catastróficos de la ley 779, muchas mujeres honradas y algunas
madres, ingenuamente denunciaron a cónyuges e hijos, por discusiones triviales o porque el hijo llegó tomado de
licor, pensaban que estaban en aquellos dorados tiempos. El resultado: cae preso
el marido o el hijo, fueron a los juzgados a restirar la denuncia sin resultado
alguno, al final el marido o hijo perdió
el trabajo, nadie salió en ayuda de la familia y por ende se sintieron
las penurias económicas en el hogar.
Me decía una fiscal
del Ministerio Público, que en los últimos meses se han reducido sustancialmente
las denuncias en base a la ley 779, la causa puede tener dos explicaciones: 1)
Las mujeres dejaron de denunciar a sus cónyuges e hijos y prefieren vivir el
maltrato; o 2) los hombres se están
portando mejor por temor a la ley 779. La fiscal se inclina más por la primera hipótesis, ya que las
mujeres en este año sintieron el fiero latigazo de la ley, si lo anterior es
cierto lo más probable es que la ley de marras, al final morirá por inanición y
los juzgados de violencia paulatinamente serán cerrados por supernumerarios y ocasionar
un gasto superfluo.
El autor es abogado
y notario.
