Hay 276 personas presas ilegalmente en El Salvador.
No es
legal tener a una persona detenida sin condena durante más de tres años
De los 24 mil
641 internos que hay actualmente en el sistema penitenciario del país, seis mil
830 están a la espera de que se dictamine su sentencia definitiva. Todos ellos
están detenidos de manera provisional hasta que sean condenados o absueltos por
el delito del que son acusados, pero en 276 casos la detención provisional
supera los tres años, según datos de la Dirección General de Centros Penales
(DGCP).
Cuando esto sucede, se está violando el
artículo 6 del Código Procesal Penal derogado o el artículo 8 del Código
Procesal vigente.
En ambos Códigos se establece que el
internamiento provisional no debe superar los 12 meses cuando se trata de
delitos menos graves ni los 24 meses en los más graves "so pena de incurrir
en responsabilidad penal".
La nueva legislación incluso permite hasta
tres años cuando un caso está en apelación en tribunales de segunda instancia.
Por lo mismo, son 276 los internos que han
sido detenidos durante un periodo superior a los tres años permitidos por la
ley, según las estadísticas de Centros Penales. Sin embargo, 808 internos han
superado ya el plazo de los dos años en instrucción o en sentencia.
Según un abogado consultado, la
responsabilidad de la detención ilegal de una persona que ha sido detenida
provisionalmente corresponde directamente al juez ante el que se encuentra el
expediente de ese interno. "Si los dos años se agotaron en instrucción,
sería el juez de Instrucción (el responsable); si se agotaron cuando llegó al
Tribunal de Sentencia, serían los jueces del Tribunal de Sentencia; si está en
apelación, que son las Cámaras donde están los dos magistrados, serían los dos
magistrados", explicó esta fuente.
El delito cometido por estos jueces o
magistrados consiste en la "privación de libertad por funcionario o
empleado público", que está contenido en el artículo 290 del Código Penal.
La sanción por este delito consiste en
"prisión de tres a seis años e inhabilitación especial para el ejercicio
del cargo o empleo respectivo por el mismo tiempo".
Es decir que aquellos jueces o magistrados
que tienen expedientes pendientes de internos que han superado los dos años de
estar detenidos provisionalmente, de ser juzgados por este delito de detención
ilegal, podrían pasar un mínimo de tres años en prisión y, por ese mismo
periodo, no podrían ejercer sus funciones como empleado público.
Sin embargo, hasta la fecha no ha habido
ningún caso contra un juez o magistrado por este motivo.
Como señala el artículo 193 de la
Constitución, la Fiscalía General de la República es la institución que debería
hacerse cargo de investigar y promover la acción penal.
Eso significa que debería encargarse de
iniciar las acusaciones contra los jueces que tengan expedientes de personas
detenidas provisionalmente más de dos años o de magistrados que tengan
pendientes de resolver recursos de casación por más de tres años.
A esto hay que sumar que, de cumplirse la
ley, los internos que actualmente no han sido sentenciados y llevan más de dos
años presos, deberían ser liberados a pesar de que puede que algunos de ellos
sí sean culpables del delito del que son acusados.
Medidas desde Penales
En la Dirección de Centros Penales están
conscientes de que muchos de internos están de manera ilegal.
De hecho, el subdirector de Penales, Nelson
Rauda, aseguró que han puesto a trabajar a un equipo de abogados para "que
vayan a los tribunales a verificar la situación de los internos que nos
aparecen como procesados".
Añadió que, en algunos casos, el sistema
tiene registrado que el interno no ha sido condenado pero, al acudir al
tribunal, el equipo de abogados ha descubierto que ya hay sentencia, algo que
muestra y deja al desnudo las ineficiencias que se dan en la comunicación entre
estas dos instituciones.
Rauda afirmó que desde que comenzó a
trabajar ese equipo, el porcentaje de procesados ha bajado.
Según las estadísticas de Centros Penales,
a principios de mayo de 2011 el 33.22 por ciento de los internos no había sido
condenado.
En la actualidad, la tasa se ha reducido
casi en cinco puntos, siendo un 28,18 por ciento los internos los que se
encuentran en situación de internamiento cautelar.
Fallas del sistema
Este fenómeno no se debe únicamente al
proceder de algunos jueces, según las opiniones de algunos abogados defensores
particulares, como Mercedes Cisneros, indicó que hay veces en que los fiscales
prolongan los casos solicitando plazos para reunir pruebas sin que estos plazos
den frutos y no se presenten nuevas o más pruebas a los procesos judiciales.
Fuentes fiscales respondieron que hay que
tener en cuenta de qué caso se trate, puesto que tiene que haber proporción
entre el caso y el plazo dado por el tribunal para que sea investigado.
Añadió la fuente de la Fiscalía General
que, en cualquier caso, es responsabilidad del juez puesto que es éste quien
determina qué plazo se da a las partes.
Desde la Fiscalía General de la República
también se indicó que hay casos en los que es la misma defensa de los imputado
la que prorroga los plazos.
Corte se defiende
Cuando se preguntó al presidente de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ), Belarmino Jaime, por los retrasos en los
procesos judiciales, se justificó en la falta de recursos en la institución
como una de las principales causas de las demoras en las resoluciones
judiciales.
"En traslado de reos, del que se hace
cargo la Corte, el mal estado de muchos vehículos atrasa el cumplimiento para
traslado de reos", ejemplificó Belarmino Jaime.
Fuentes de los tribunales confirmaron que
los problemas existentes con el traslado de reos constituyen la primera causa
por la que tienen que ser reprogramadas audiencias de instrucción y vistas
públicas.
El siguiente motivo que provoca que
cualquiera de las fases de un juicio tenga que ser reprogramada es que los
imputados se niegan a salir de sus celdas.
El tercero -con un porcentaje de casos muy
inferior- se da debido a que el acusado se encuentra gravemente enfermo, señaló
una fuente de los juzgados.
Asimismo, los casos en los que el número de
imputados supera la centena provoca retrasos explicó Jaime, puesto que han de
movilizar a gran cantidad de personal para proporcionar seguridad durante la
audiencia, desatendiendo otros tribunales, "lo que acaba provocando
retrasos".
El aumento de delitos cometidos y de
detenciones también estaría detrás de estos retrasos, aseguraron otras fuentes
del sistema judicial.
