miércoles, 19 de octubre de 2011

Feria por el derecho a la asociación


Feria por el derecho a la asociación

Por Rafael Lara | Contacto

Feria por el derecho a la asociación
Karla Sequeira, Directora de Asesoría Legal de la CPDH, y Marcos Carmona, Director de esa institución. CORTESÍA Marcos Carmona / END
El derecho a la asociación no solo es una prerrogativa ciudadana, sino que ejercerlo es una obligación social, según Marcos Carmona, Director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, que anunció la apertura de la Feria por el Derecho a la Asociación que se realizará mañana jueves.
La actividad tendrá como escenario la Universidad Centroamericana, UCA, y estarán presentes al menos 20 organizaciones civiles, entre estas la Coordinadora Civil, Movimiento por Nicaragua, Movimiento Autónomo de Mujeres, y la Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia, entre otros, y el objetivo es concienciaar a la población sobre la importancia de la participación en las políticas públicas.
Al mismo tiempo, más allá de las denuncias y de las críticas que desde las organizaciones civiles se hacen, presentarán las actividades y proyectos en los que están involucradas, como un elemento de aporte al desarrollo del país.
El director de CPDH lamentó que las autoridades municipales rechazaran la solicitud para hacer la feria en un lugar público, a pesar de que la feria no tiene elementos partidarios, y consideró que con esa actitud el gobierno trata de evitar que la sociedad civil organizada se visualice en los lugares abiertos, y reducir de esa manera la participación de la población.  
“La solicitud la hicimos con tiempo, y pidieron 6,000 córdobas por realizar la feria en la Avenida Universitaria, frente a la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. El dinero lo llevamos, pero entonces dijeron que ya estaba ocupada, pues se autorizó a alguien más una actividad a la misma hora y en el mismo lugar. Al preguntar por qué cedieron el área cuando ya se había pedido, respondieron que eran órdenes superiores”, aseguró Carmona.
Destacó que habrían preferido un lugar público para tener una mayor participación de los ciudadanos, pero a pesar de que se realizará en otro lugar, esperan que la población pueda asistir. Radio Universidad hará el enlace y les acompañará en la difusión de la actividad que comenzará por la mañana, y finalizará a eso de las 2 de la tarde.

Corte aprueba Código para medir justicia


Corte aprueba Código para medir justicia

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  • Pretenden solucionar deficiencias del sistema de justicia

La justicia está permeada por el favoritismo, amiguismo, entre otros vicios, según un informe. LA PRENSA/ ARCHIVO


Por Ramón H. Potosme


Parecen muchos los pecados recientes de la Corte: la sentencia que pretendió avalar la ilegal candidatura del presidente Daniel Ortega, la que redujo la pena al violador de Fátima Hernández, los juicios polémicos en contra de los concejales Luciano García y Leonel Teller, sólo para nombrar algunos.

Situaciones viciadas como las anteriores podrían haber sido admitidas en un diagnóstico para elaborar el Código de Ética para funcionarios de ese poder del Estado, en el que se reconoció que hay influencias de sectores externos en los proyectos de sentencia, pero también amiguismo y favoritismo.

El diagnóstico también reveló que existe falta de motivación de sentencias, falta de profesionalismo, retardación de justicia, parcialidad por motivos personales y aceptación de regalías y prebendas.

Aunque también identificó funcionarios judiciales honestos, independientes, imparciales y profesionales, valores que están plasmados como parte esencial del Código. Uno de los ejemplos es la reciente nominación de la juez de Distrito Penal de Estelí, Elizabeth Corea Montes, como la mejor juez del país ante el concurso del mejor judicial iberoamericano.

La Corte presentó el Código de Ética en el que establece principios y valores éticos judiciales, valores éticos esenciales, deberes éticos de los servidores públicos del poder judicial en su relación con otros poderes del Estado y con la sociedad. También señala las sanciones que serán impuestas por una Comisión Nacional de Ética.

Este instrumento tuvo su antecedente en la decisión de la cuarta cumbre de presidentes realizada en Venezuela en el 2001, según indicó la magistrada Ligia Molina. Para su elaboración realizaron una consulta con 1,500 profesionales entre funcionarios judiciales y catedráticos.

El presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Gerardo Rodríguez, asegura que para curar esas debilidades se presenta el código que regularía el comportamiento moral de los funcionarios. “Si tenés esa enfermedad ¿como vas a curarlo? Tampoco es cerrar los ojos y decir no pasa nada. El Código viene a regular desde el punto de vista moral, el comportamiento de los funcionarios”, dijo.