Por: Martha Vásquez
Juez Edgar Altamirano, titular del Juzgado Noveno Distrito penal de Juicio de Managua.
LA PRENSA / ARCHIVO
El
juez Edgar Altamirano fue denunciado ayer por segunda vez por
retardación de justicia en el caso conocido como la masacre del 19 de
julio, porque han pasado 19 días desde que los declaró culpables y aún
no ha dictado sentencia.La queja fue interpuesta por Félix Campos
Obregón abogado de Rosendo Huerta y Zacarías Cano ambos declarados
culpables en el caso.
“Estoy
trabajando. Es lo único que puedo decir. Ese caso tiene que esperar
porque son 90 testigos y hay que analizar atenuantes y agravantes”, dijo
el judicial.
La dilación se traduce a una violación de derechos de los procesados porque no pueden recurrir al tribunal superior a pedir revisión de la misma.
09 de octubre ,en horas de la noche concluyó el juicio en el caso conocido como la masacre del 19 de julio, donde el juez Edgar Altamirano declaró culpable a los 12 procesados.El abogado quejoso, argumentó que el artículo 323 del Código Procesal Penal manda a los judiciales a que dicten sentencia dentro del tercer día, contado después de la última audiencia que fue el 9 de octubre, donde los declaró culpables a los 12 procesados, por crimen organizado, asesinato, lesiones graves y proposición y conspiración.
El viernes
Respecto
a la queja de los familiares de Operación Sur, el juez Edgar Altamirano
dijo que este viernes leerá la sentencia a las 9:00 de la mañana. En
este caso el doctor Altamirano argumentó en su momento que estaba
estudiando porque habían muchos procesados (26) y testigos (más de 40).
El fallo de culpabilidad por narcoactividad y crimen organizado fue dado
el pasado 18 de enero. Los declarados culpables llevan 22 meses
detenidos sin tener sentencia.
CASO OPERACIÓN SUR
La semana pasada, el juez Altamirano fue denunciado por familiares de los procesados en el caso Operación Sur, quienes argumentan que han pasado nueve meses desde que el judicial condenó a sus familiares y aún no dicta sentencia.La dilación se traduce a una violación de derechos de los procesados porque no pueden recurrir al tribunal superior a pedir revisión de la misma.
