Algo huele mal en IML

* A través de correos electrónicos y por teléfono, 12 personas se comunicaron con END para sumarse a lo que expusieron trabajadores y hasta médicos forenses 
* La CSJ, aunque los nombres de los denunciantes solo se han dado a conocer a este rotativo, ha ordenado una investigación y formado una Comisión que la lleve adelante

JOSÉ ADÁN SILVA Y MATILDE CÓRDOBA | Nacionales

Presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Archivo/END

Nuevas denuncias de corrupción, tráfico de influencias e irregularidades administrativas en el Instituto de Medicina Legal, IML, llegaron masivamente a EL NUEVO DIARIO, por parte de usuarios y de trabajadores de dicha institución, que solicitaron el anonimato para evitar posibles represalias de grupos de poder involucrados en esa instancia de la Corte Suprema de Justicia, CSJ.

Una denuncia, de las 12 que ayer fueron reportadas a este rotativo, involucra a funcionarios de alto nivel del citado Instituto, en actos de tráfico de influencia para favorecer con beneficios de varios tipos, a personas con quienes, aparentemente, según las quejas, se tienen relaciones sentimentales.

Además, otra denuncia señala que investigadores de la Dirección de Auxilio Judicial DAJ, de la Policía Nacional, orientan y solicitan al IML dictámenes médicos para justificar liberaciones de reos o de personas bajo sospechas de delitos, o para “fundir” a alguien sospechoso bajo investigación policial.

Nombres en reserva

Si bien las denuncias llevan nombres y apellidos de funcionarios del IML, médicos, personal administrativo y hasta agentes policiales, EL NUEVO DIARIO se reserva la publicación de los mismos en tanto la CSJ no abra a investigación el caso.

Otra de las denuncias señala directamente al subdirector Julio Espinoza, de exigir a los trabajadores el pago mensual de una cotización para el partido de gobierno, “aunque en nuestras casas no tengamos que comer, nos amenaza con despidos cuando alguien alega que no puede dar la cuota exigida de cotización al partido”.

Un denunciante del IML dijo que la estela de corrupción que supuestamente corroe a la institución, se evidencia en la manipulación de informes de muertes de figuras públicas y parientes de funcionarios de alto nivel, que presuntamente son “acomodados” para evitar escándalos públicos mayores.

Los denunciantes, de igual modo, pidieron a las autoridades de la CSJ que auditen fondos de la cooperación extranjera que supuestamente ha recibido el IML, y “también es necesario una auditoría de los fondos del BID”.

“No omitan esta información, pues verán que más cosas saldrán a la luz a medida que pase el tiempo, pues en el IML lo que hay es una olla de podredumbre desde hace mucho tiempo, prueba de ello es que durante trabajamos con la administración del doctor Hugo Argüello, no se dieron estos casos, ahora es común la corrupción en la nueva administración”, dijeron trabajadores del citado instituto.

“Que filtren a investigadores y auditen los ingresos de los servicios privados que brinda el IML, como es la venta de los dictámenes médicos legales a particulares, cuyos costos ascienden de 100 a 250 dólares, lo mismo que la preparación de cadáveres que cobran por debajo de la mesa en el IML. ¿Adónde van a parar estos ingresos?”, cuestionaron.

CSJ anuncia investigación

La presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, orientó una investigación rigurosa en el Instituto de Medicina Legal para confirmar las denuncias recientes de manipulación en los dictámenes, aseguró el vocero del IML, Edgard Solórzano.

“Se va a crear una comisión para investigar toda esta situación y llegar a fondo, y tomar todas las medidas que haya que tomar”, expresó Solórzano durante una breve entrevista telefónica.      

El vocero agregó que Ramos ordenó la conformación de una comisión que entrevistará a todos los médicos forenses con el fin de investigar las denuncias.

“Esta no es una práctica ni orientación de la Corte Suprema, por eso se va a hablar con todos los médicos forenses para investigar todas estas denuncias, y para que con nombre y apellido digan las cosas”, expresó.

Hasta la fecha, solo ha habido denuncias anónimas y públicas. Solórzano dijo que ninguno de los afectados se ha quejado formalmente en la institución. Ayer, la Dirección de Relaciones Públicas del IML emitió un comunicado, lamentando que las denuncias sean anónimas.

“Las declaraciones anónimas caen en la simple especulación, y lo único que pretenden es desprestigiar y restar credibilidad a la institución y al trabajo abnegado, profesional y científico que ha venido realizando desde su existencia el Instituto de Medicina Legal”, dice el comunicado.

Agrega que “a pesar de que es difícil aclarar o resolver sobre un asunto sin nombre y apellido, la CSJ por orientaciones de la magistrada Ramos, indagará sobre el tema, porque la credibilidad de la institución no puede ser cuestionada, dada su importancia dentro de un proceso judicial”.

Sobre fondos

En el comunicado niegan que las cuentas bancarias con el dinero donado por cooperantes extranjeros sean manejadas paralelamente por el director de esta entidad, Zacarías Duarte.

“En el caso del PNUD y de Aacid, los fondos son manejados directamente por los donantes. En el caso de Unfpa y Aecid, la Corte Suprema de Justicia creó una cuenta a nombre de la Corte, y esos fondos son sometidos a controles y auditorías mensuales y trimestrales de parte de los donantes, y en estricto cumplimiento a las leyes de Nicaragua”, dice la nota de prensa.

Según el comunicado, “para el manejo de los fondos de esa cooperación externa del Instituto de Medicina Legal, existen dos firmas libradoras (A) de dos magistrados de la CSJ y la firma (B) del director del IML. Esas cuentas, además de llevarse contablemente en el IML y en la oficina de proyectos del Instituto, pasan directamente a la contabilidad de la CSJ”.

“Nosotros trabajamos sin las herramientas adecuadas, sin protección para evitar la contaminación, mientras Duarte tiene una cuenta bancaria donde depositan las donaciones de diferentes organismos, y solo él tiene acceso a ella. Ese dinero no es administrado por contabilidad del Instituto, sino por un contador independiente que Duarte contrató y está fuera de las instalaciones”, es otro de los señalamientos de los denunciantes.

Quejas por “burocracia y militarización” de Registro

* Aguantan sol y lluvia, y por disposición de la nueva Registradora, los guardas no permiten la espera ni en el porche
* Riosanjuaneños resienten lo que llaman “chontaleñización”, por el nombramiento de jueces, personal del Registro y otros trabajadores de procedencia chontaleña

Tatiana Rothschuh | Nacionales

TATIANA ROTHSCHUH / END Aparentemente la atención no se ha normalizado en el Registro de la Propiedad en San Carlos, Río San Juan, donde los usuarios se quejan por las largas filas.

Tras reconocer la voluntad de la Corte Suprema de Justicia al destituir al personal del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de San Carlos, Río San Juan, por presuntos actos de corrupción, los usuarios ahora se quejan porque tienen que aguantar sol y lluvia en la largas filas que se producen a diario, y en horario limitado de atención, lo que es calificado de “burocracia y militarización”.

A raíz de la reapertura, el horario es de 9 a 12 del mediodía, de lunes a jueves, y el viernes de 9 a 11 de la mañana. El anuncio está en las verjas de la entrada, donde dos guardas de seguridad no permiten a los que llegan que esperen ni en el porche.

En las filas el clamor es generalizado y explicaciones no hay, pues la nueva registradora, Arlina Paola Gil Campos, además de negar a la prensa el acceso al recinto, tampoco ha querido brindar declaraciones. No obstante, pudimos apreciar que la comisión del Registro de la Propiedad central aún trabaja en el ordenamiento de esa entidad de la Corte Suprema de Justicia. Igual se desconoce si el escandaloso caso que conllevó a realizar allanamientos a los exempleados y a bufetes de algunos abogados, tocará las puertas judiciales.

Laureano Centeno Fernández, originario de San Ramón, expresó su malestar: “Vivo a siete horas de camino, ando sacando una libertad de gravamen, y estoy desde las 9 de la mañana, nos dieron números, pero aquí pasan a quien quieren, y el horario es demasiado corto, porque venimos de largo para que después de hacer fila no nos resuelvan nuestra gestión”. 

Abogado truena
José Benito Oporta Álvarez, abogado y notario público, refirió que “había mal manejo por los bisnes, pero a raíz que se montó la nueva administración y el nuevo sistema, ahora son grandes filones.

Hoy traía a inscribir 10 escrituras y solo una me pudieron atender, lo que hicieron fue burocratizar la atención, militarizaron, los CPF no te dejan entrar, le gente está en el sol, ni un asiento le ofrecen, ni una explicación.

Todo es restricto, para mí el Registro retrocedió 50 años, además, no te anotan en derechos reales, sino en preventivo, habiendo pagado solvencias, recibos fiscales, así que los afectados serán los clientes”.

El abogado dijo resentir lo que llama “chontaleñización”, pues los jueces son de allá, el personal que nombraron del Registro también es de allá, y no hay acceso al trabajo para los riosanjuaneños”.

El ingeniero Gilberto de Jesús Lacayo Robles dijo que “era hora de que pararan lo que era un malestar generalizado, ya que fue un escándalo que no solo perjudicó al Estado, sino a los usuarios”, pero consideró “ilógico que todo el personal venga de Juigalpa, está bien la cabeza si era necesario, porque lo que ocurrió es porque lo permitió el Registrador. Son las personas de fuera de Río San Juan las que han venido a hacer malos manejos, y esperamos que los magistrados reflexionen”, anotó.

Pagando los elotes
Enrique Eulogio Hernández López, de la comarca San Isidro de Las Azucenas, señaló que acudió al Registro porque “tengo una escritura metida desde hace 14 meses, y me han llevado de mañana en mañana; pagué 720 córdobas a las muchachas que trabajaban aquí y no me dieron recibo, ella me dijo que los recibos iban pegados a la escritura, a lo mejor nos hacen pagar de nuevo”, consideró.  

Amadeo Lara Velázquez, de Boca de Sábalos, dijo andar “buscando una escritura que tengo desde hace tres meses, pero no me resuelven nada, pagué 400 córdobas a las mujeres que trabajaban. No lo hice en el banco, pero mire cómo nos tienen, aquí aguantando sol”.

Eddy García Gaitán, llegó de Masaya a realizar gestiones para la legalización de una propiedad, “he tenido obstáculos, ¿cómo es posible que trabajen el viernes dos horas, de 9 a 11? Vengo desde largo, y me voy a ir sin poder hacer nada. No es justo que los perjudicamos seamos nosotros”.