RESPONSABILIDAD, PENAL, CIVIL Y ADMINISTRATIVA DE LOS JUECES DE LA DICTADURA ORTEGUISTA.

El Tribunal de Nüremberg es clave para entender las responsabilidades que pueden recaer sobre los jueces que han actuado como instrumentos de un régimen autoritario, como el de Ortega-Murillo en Nicaragua. El Tribunal de Nüremberg, estableció después de la Segunda Guerra Mundial, un juicio internacional que buscó juzgar a los principales responsables del régimen nazi por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otros delitos graves. Lo relevante de Nüremberg es que responsabilizó a individuos que, bajo la excusa de seguir órdenes, de obediencia debida o cumplir con una función estatal, perpetraron actos injustos, ilegales y profundamente inmorales.

Si aplicamos esta reflexión a los jueces nicaragüenses que han traicionado su rol constitucional y han convertido su función judicial en un instrumento del régimen, podemos identificar varias responsabilidades que podrían recaer sobre ellos ante la justicia de una  nueva Nicaragua que espera su hora de parto. Aunque el contexto histórico y político es diferente, existen paralelismos claros con las responsabilidades derivadas del Tribunal de Nüremberg. 

Los jueces que han participado activamente en la represión del pueblo nicaragüense, tienen Responsabilidad Penal por Crimenes contra la Humanidad. Los jueces que emitieron sentencias arbitrarias basadas en cargos falsos y sin garantías de un juicio justo, pueden ser considerados responsables de crímenes contra la humanidad. El principio de "responsabilidad individual" desarrollado en Nüremberg establece que las personas no deben escapar a la justicia alegando que actuaron siguiendo órdenes superiores. En el caso de Nicaragua, estos jueces, al emitir sentencias condenatorias como francotiradores judiciales, avalar torturas, encarcelamientos arbitrarios y otras formas de represión, son coautores con el régimen de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los nicaragüenses.

Los involucrados deberán ser procesados en los tribunales nacionales, y aquellos que escapen a la justicia nacional podrían ser procesados por estos crímenes en tribunales de otros países bajo la vía de la Justicia Universal o en tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI), que o en tribunales ad hoc establecidos por la comunidad internacional.

En el juicio de Nüremberg, también se reconoció la responsabilidad de los actores que abusaron de su poder en función de sus cargos. De manera similar, los jueces nicaragüenses que han permitido el uso del sistema judicial para encarcelar y silenciar a opositores políticos, desterrarlos y quitarles su nacionalidad,  están violando derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a un juicio imparcial y el derecho a la defensa. Este abuso debe ser visto como una violación directa de la Constitución del país y de Tratados Internacionales de Derechos Humanos, a los cuales Nicaragua está vinculada.

Además de las implicancias legales y penales, los jueces nicaragüenses tienen una clara responsabilidad Administrativa, ética y moral ante la sociedad que los hace acreedores a una inhabilitación absoluta para ejercer la noble carrera de Abogacía y Notariado y de ocupar cargos futuros de jueces en el país. El Tribunal de Nüremberg también subrayó que el acto de "obedecer órdenes" no es una justificación suficiente para evitar la responsabilidad personal. Los jueces en Nicaragua, al aceptar participar en un sistema judicial que evidentemente está al servicio de un régimen autoritario, están incurriendo en una violación de la ética judicial, que requiere imparcialidad, independencia y una orientación a la justicia por encima de cualquier interés político. Traicionaron la confianza del pueblo y del sistema judicial como institución que los nombró.

El actuar de los jueces nicaragüenses tiene implicaciones de largo alcance para el Estado, quien puede ser demandado ante la CIDH por miles de nicaragüenses que han sufrido, destierro, desnacionalización, desplazamiento forzado hacia el exilio, danos materiales y morales, que implicarían millones de dólares en reparación de danos y perjuicios causados. Y estos recursos que podría pagar en Estado en indemnización a las víctimas del régimen debe repetir el pago contra los jueces responsables para que repongan al Estado las pérdidas que sufriría el Erario público por sus culpas. 

Los jueces que traicionaron  su misión de impartir justicia y se convirtieron  en instrumentos de represión política no solo deben rendir cuentas ante los tribunales nacionales, sino también ante la comunidad internacional. No debe haber impunidad para ellos. Si no se exime de responsabilidad legal a un analfabeto o ciudadano humilde e iletrado, que excusa tienen estos traidores si el pueblo confió en ellos, y se les nombró custodios de la Constitución y de la ley. No tienen ni perdón de Dios. La justicia que le negaron al pueblo deberá alcanzarlos hasta donde se vayan para lección a las futuras generaciones de juzgadores, que deben entender que si no tienen el valor de ser independientes, deberían renunciar antes que traicionar uno de los anhelos más grandes del pueblo, LA JUSTICIA.