La Traición de los Jueces Nicaragüenses a su Misión de Imparcialidad:

La función de los jueces en un Estado de derecho es clara: deben garantizar la justicia, proteger los derechos fundamentales y velar por la constitución y las leyes. En el caso de Nicaragua, sin embargo, los jueces se han desviado de esta misión, convirtiéndose en meros instrumentos del régimen de Ortega-Murillo. Esta traición a su responsabilidad no solo socava el sistema judicial, sino que también tiene graves implicancias para la democracia, los derechos humanos y la confianza del pueblo en las instituciones.

Desde la crisis política de abril de 2018, cuando el pueblo nicaragüense se levantó en protestas contra el gobierno, el régimen ha utilizado el aparato judicial para reprimir, criminalizar y encarcelar a quienes se oponen a su poder. Los jueces, en lugar de defender los principios constitucionales y garantizar un juicio justo, han pasado a ser piezas clave en un engranaje represivo, actuando como meros apéndices del Ejecutivo.

Una de las principales funciones del poder judicial es impartir justicia de manera imparcial. Sin embargo, en Nicaragua, la mayoría de los jueces han abandonado este principio fundamental. En lugar de ser custodios de la ley, han permitido que el régimen manipule el sistema judicial para perseguir a opositores, activistas y defensores de los derechos humanos. El caso de muchos líderes políticos y ciudadanos encarcelados bajo cargos falsos ilustra cómo el poder judicial ha sido utilizado como una herramienta para eliminar cualquier forma de disidencia.

La traición de los jueces a su misión de impartir justicia tiene implicancias devastadoras para la democracia. En un Estado de derecho, la independencia judicial es un pilar esencial para garantizar que el poder no se concentre en manos de unos pocos. Cuando los jueces pierden su imparcialidad y se alinean con el poder político, el sistema de controles y equilibrios se desmorona. Esto permite que el régimen de Ortega-Murillo no solo mantenga su poder de manera autoritaria, sino que también controle todos los aspectos de la vida política y social del país, eliminando cualquier posibilidad de oposición legítima.

Además, la falta de justicia e imparcialidad en los tribunales afecta gravemente a los derechos humanos. Miles de nicaragüenses han sido víctimas de juicios injustos, encarcelamientos arbitrarios y torturas. Los jueces que no han hecho nada para frenar estos abusos están permitiendo que se violen derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el derecho a la libre asociación y la protección contra la detención arbitraria. Este tipo de prácticas crea un ambiente de miedo y represión, donde los ciudadanos temen ejercer sus derechos más básicos.

Otro efecto de la traición de los jueces es la pérdida de confianza en las instituciones judiciales. Un sistema judicial que actúa al servicio de un régimen autoritario no puede ser considerado legítimo. Cuando los jueces actúan como meros actores políticos, la sociedad pierde la fe en la capacidad del sistema para impartir justicia. Esta desconfianza puede tener efectos a largo plazo, ya que los ciudadanos ya no acuden al sistema judicial para resolver disputas o defender sus derechos, y en su lugar, recurren a otros medios, como la protesta o la lucha internacional.

Las consecuencias de esta traición también se extienden más allá de las fronteras de Nicaragua. La comunidad internacional observa con creciente preocupación el comportamiento del poder judicial nicaragüense. Organizaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU han condenado la violación de los derechos humanos en el país, incluidas las acciones de los jueces. Sin embargo, la falta de voluntad del régimen para respetar las decisiones internacionales demuestra cómo el sistema judicial ha quedado subordinado a los intereses del régimen en lugar de servir como un garante de justicia.

En resumen, la traición de los jueces a su misión de impartir justicia y hacer prevalecer la constitución y las leyes tiene profundas implicancias para la sociedad nicaragüense. Este comportamiento no solo deslegitima el sistema judicial, sino que también perpetúa la represión y la injusticia en el país. La sociedad nicaragüense merece un sistema judicial independiente, que proteja los derechos fundamentales y que sirva de contrapeso al poder autoritario que actualmente controla el país. La restauración de la justicia en Nicaragua no solo depende de la valentía de los ciudadanos, sino también de la reinstitución de un poder judicial que sea verdaderamente independiente y comprometido con la ley.