Granada, 11 de octubre 2013.
Lic. Valentín
Barahona Mejía
Ha sido y sigue
siendo un principio universal reconocido y aceptado por todos que la
justicia debe de ser gratuita, cuyo
aforismo jurídico, pretende que los ciudadanos pobres o ricos tengan libre
acceso a la administración de justicia. La única forma de garantizar la
gratuidad es que el Estado, garantice el presupuesto a los órganos
jurisdiccionales, para invertir en infraestructura, instrumentos de trabajo, pago
de personal (jueces, magistrados, secretarios etc.), papelería, medios de transporte,
comunicaciones, para que no haya
carencias y el sistema funciones con equidad e imparcialidad.
Se imaginan ustedes
un modelo de justicia donde el usuario tenga que pagar por los servicios
prestados, todo se movería bajo la oferta y la demanda, como en la economía de
mercado, donde compra y vende el que tiene dinero, más los pobres sufrirían falta
de salud, vivienda, educación etc. Cuando la justicia es onerosa, aunque en el papel
diga que es gratuita, los pobres no tendrán acceso a ella, porque no tendría
con que pagar al juez, durante el proceso o en la ejecución de una resolución, bajo
esas premisas los descamisados, jamás tendrán la posibilidad de que se les haga
justicia.
Formalmente se vende que en Nicaragua, la
justicia es gratuita, así lo proclama el artículo 165 de la Constitución
Política, empero, la práctica ha demostrado lo contrario, puesto que dentro del
poder judicial, ha sido un tónica, el que los jueces civiles cobren por realizar
inspecciones, embargos preventivos, requerimientos de pago, librar mandamientos,
efectuar secuestros o ejecutar sentencias. En tiempos no muy lejanos el dinero
corría por debajo de la mesa, algunos funcionarios en poco tiempo se hacían de pequeñas
fortunas, tales prácticas se mantuvieron por muchos años, lo cual se veía tan natural
en los jueces así como por algunos magistrados
del alto tribunal de justicia de este país.
En los últimos diez
años, el poder judicial ha crecido como jamás antes, ahora ha surgido la
corriente moderna de la especialización, se crean más juzgados, aumento de personal,
los salarios fueron sustancialmente mejorados, se han construidos edificios de
lujo. Así, el 4%, que el Estado, asigna cada año no llena las exorbitantes y los
desbocados requerimientos económicos de que precisa el sistema de justicia, por
tales circunstancias las instancias superiores, están aplicando una serie de
medidas con el fin de conseguir más recursos, los cuales salen de los bolsillos
del usuario. Por ejemplo, en los complejos judiciales nombraron funcionarios
con calidad de Juez de Distrito, éste tiene como función exclusiva llevar a
efecto embargos, requerimientos, secuestros o ejecución de sentencia, pero
estos servicios no son gratuitos, existe una tabla porcentual a pagar que va de
500 córdobas como mínimo, hasta 10 mil córdobas como máximo, para recibir el
servicio el usuario de previo se debe depositar la suma correspondiente en una cuenta
bancaria a nombre de la Corte Suprema de Justicia.
Los cobros ilegales
que antes hacían los jueces, ahora mediante acuerdo de la CSJ, los titulares de
los Juzgados de distrito y locales aun los suplentes, están inhibidos para ejecutar
tales actividades, el cobro ahora los realiza la CSJ, a través del Juez de
Embargo y secuestro y las sumas de dinero depositadas van directo a la CSJ, entonces
la fabula de que la justicia es gratuita, perdió vigencia no solo en la forma y
sino que en el fondo, la política moderna de hoy es que tendrá justicia el que tenga capacidad
de pago, aun lo más grave de este asunto es que nadie en este país puede parar el
proceso de onerosidad a que está siendo llevada la justicia.
El autor es abogado
y notario.
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