Ortega y el derecho penal

Granada, 30 de mayo 2013.

Lic. Valentín Barahona Mejía

Cuando en el  2007, Daniel Ortega, asumió la Presidencia de la República, recibió en bandeja de plata un Código Procesal Penal, considerado por muchos como un instrumento garantista de derechos ciudadanos, cuyo cuerpo legal entró en vigencia el 21 de diciembre de 2002. Antes del CPP, el procedimiento penal estuvo reglado por el Código de Instrucción Criminal, aprobado el 29 de marzo de 1879.

El IN, contenía 643 artículos de ley, el procedimiento era escrito y oral por cuanto contemplaba el juicio de Jurado en delitos graves. En el jurado no participaba el juez de la causa, sino que se llamaba a otro juez para presidir el Jurado, conformado por cinco ciudadanos. Mal que bien el IN, funcionó por más de 100 años.

No obstante, el IN, fue cuestionado por el rol inquisidor que tenía el Juez, pues era investigador y sancionador, asimismo las pruebas las admitían sin conocimiento de la defensa. En este procedimiento la máxima era aplicar la prisión preventiva. El CPP, vino abolir el procedimiento inquisitivo, ya que la parte investigativa recayó en el Ministerio Público, y el Juez se dedicó a aplicar la ley Penal.

Con el CPP,  se pasó al juicio oral y público, se respetó el juicio de Jurado, al punto que solo el acusado podía renunciar a ese derecho. Si antes lo primero era decretar la prisión preventiva, en el código quedó como última opción, el judicial podía aplicar cauciones personales o reales, para que el acusado pudiese enfrentar el juicio en libertad. La otra novedad de la ley 406, fue que introdujo  el trámite de mediación para delitos menos graves.

Siguiendo positivismo de la modernidad, en diciembre de 2007, fue derogado el Código Penal de 1974, éste fue sustituido por la ley 641, Código Penal de Nicaragua, cuyo cuerpo legal traía la humanización del derecho penal; se redujeron las penas en un sinnúmero de delitos leves y graves; se mantuvo la retroactividad; los principios de suspensión de ejecución de la pena; la libertad condicional, trabajo en prisión para reducir las condenas, etc.

Todo el modelo humanista en materia penal, poco ha venido siendo desmantelado por el orteguismo, éste restableció en peor forma el sistema inquisitivo; la institución del Jurado está gravemente enferma; ya que una enorme cantidad de delitos que pasaban por jurado, los resuelve el Juez técnico, al pueblo se le ha cercenado el derecho de juzgar a su iguales;  la vieja moda de la prisión preventiva regreso nuevamente, por ende todo acusado por delito grave deberá guardar prisión al menos tres meses, hasta que se decida por sentencia si es culpable o no del delito imputado.

Se ha llegado a lo insólito de aprobar leyes draconianas, endureciendo penas por delitos pueriles; el indulto y la amnistía ya no se aplica; se  legisla no en  lo general, sino en forma sesgada, por sexo, la sociedad en materia de justicia ha sido dividida entre hombres y mujeres; los beneficios que tenían antes los convictos en el sistema penitenciario, están siendo eliminados por leyes medievales; las falta penales definidas por el Código Penal de Nicaragua, fueron elevadas a la categoría de delitos.

La destrucción del derecho penal democrático, empezó a partir de la aprobación de la ley 745, Gaceta Diario Oficial No. 16, del 26 de enero 2011, ya que en el artículo 44, incluye 17 delitos, los cuales son tramitados por Juez técnico, de un plumazo desaparece la institución de jurado; en estos delito sin más ni más el juez dicta prisión preventiva; se aprueba la ley 779, Gaceta Diario Oficial No. 35, del 22 de febrero 2012, esta  ley le pega una puñalada trapera al trámite de mediación; el juez de violencia por ley decreta prisión preventiva.

En los próximos días el parlamento nacional aprobará  una ley, la cual pretende meter en la cárcel a todas aquellas personas acusadas de robar energía eléctrica.

Así tiene al pueblo de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, pero como no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, habrá que esperar la caída de este gobierno para luego volver a reconstruir el derecho penal humanista y democrático en este país.     

El autor es abogado