Más de 30 policías aparecen como víctima en la acusación que la Fiscalía
introdujo la semana pasada en los tribunales de justicia, contra 37 personas,
tras los incidentes violentos de la semana pasada en Santo Domingo,
Chontales.
Llama la atención al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que en un incidente de disturbio, tras la represión efectuada por la Policía a los protestantes de ese municipio, la Fiscalía señale que justamente fueron 33 policías las víctimas de las 37 personas acusadas.
El Código Procesal Penal establece que debe hacerse la individualización de la participación de cada acusado. Esto no lo hizo la Fiscalía, observó Cenidh. La acusación fue realizada de manera colectiva y así fue admitida en los tribunales.
La abogada del Cenidh criticó que en la acusación no se especifica la circunstancia ni la forma en que participó cada uno de los acusados así como el delito que supuestamente cometió cada uno de los pobladores acusados, afirmó la abogada del Cenidh, Wendy Flores.
Doce de los acusados fueron remitidos nuevamente a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), adonde fueron recluidos desde el pasado fin de semana.
Esto es considerado por ese organismo de derechos humanos como una arbitrariedad en las detenciones a dirigentes de pequeños mineros y Salvemos Santo Domingo, en lo que se observa la violación a los derechos que tiene todo ciudadano a la protesta y a la manifestación.
Los pobladores fueron acusados por delitos de amenaza agravada, daños agravados, coacción y emplazamiento, extorsión y obstrucción de funciones, lesiones graves y usurpación de dominio privado.
Para Flores la Policía actuó para favorecer a la empresa minera B2Gold, contra quien se dirigían las protestas.
“Nosotros consideramos que ese es abuso y uso arbitrario de las funciones y del poder que tiene la Policía Nacional que está siendo utilizado al servicio del poder económico de la empresa B2Gold para reprimir a las personas que han estado protestando”, dijo Flores.
Los mineros mantuvieron bloqueada la carretera de ingreso a la mina, exigiendo acuerdos económicos y beneficios de la minera, a la que líderes locales denuncian de contaminación ambiental.
La empresa afectada con el bloqueo denunció pérdidas millonarias por el tranque y destrucción de bienes, y señaló a un grupo de mineros de exigirles millones de dólares de indemnización por las tierras que fueron autorizadas en concesión por las autoridades nicaragüenses.
De acuerdo a la versión de la compañía, los mineros que protestaban era el único grupo, de cinco locales, que se ha negado a dialogar en busca de acuerdos y beneficios sociales y laborales que promoverían la creación de una pequeña empresa que da prioridad a la mano de obra local en la nueva mina de Santo Domingo.
Llama la atención al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que en un incidente de disturbio, tras la represión efectuada por la Policía a los protestantes de ese municipio, la Fiscalía señale que justamente fueron 33 policías las víctimas de las 37 personas acusadas.
El Código Procesal Penal establece que debe hacerse la individualización de la participación de cada acusado. Esto no lo hizo la Fiscalía, observó Cenidh. La acusación fue realizada de manera colectiva y así fue admitida en los tribunales.
La abogada del Cenidh criticó que en la acusación no se especifica la circunstancia ni la forma en que participó cada uno de los acusados así como el delito que supuestamente cometió cada uno de los pobladores acusados, afirmó la abogada del Cenidh, Wendy Flores.
Doce de los acusados fueron remitidos nuevamente a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), adonde fueron recluidos desde el pasado fin de semana.
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Audiencia el martes
La abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Wendy Flores, dice que la acusación a los pobladores de Santo Domingo de Chontales, es una forma de reprimir la protesta social.
En total 12 están detenidos, otros 16 acusados no están detenidos porque están lesionados y nueve están libres, que pertenecen al grupo de la directiva del movimiento. La audiencia inicial está programada para el 20 de febrero y el Cenidh les brindará acompañamiento.
Esto es considerado por ese organismo de derechos humanos como una arbitrariedad en las detenciones a dirigentes de pequeños mineros y Salvemos Santo Domingo, en lo que se observa la violación a los derechos que tiene todo ciudadano a la protesta y a la manifestación.
Los pobladores fueron acusados por delitos de amenaza agravada, daños agravados, coacción y emplazamiento, extorsión y obstrucción de funciones, lesiones graves y usurpación de dominio privado.
Para Flores la Policía actuó para favorecer a la empresa minera B2Gold, contra quien se dirigían las protestas.
“Nosotros consideramos que ese es abuso y uso arbitrario de las funciones y del poder que tiene la Policía Nacional que está siendo utilizado al servicio del poder económico de la empresa B2Gold para reprimir a las personas que han estado protestando”, dijo Flores.
Los mineros mantuvieron bloqueada la carretera de ingreso a la mina, exigiendo acuerdos económicos y beneficios de la minera, a la que líderes locales denuncian de contaminación ambiental.
La empresa afectada con el bloqueo denunció pérdidas millonarias por el tranque y destrucción de bienes, y señaló a un grupo de mineros de exigirles millones de dólares de indemnización por las tierras que fueron autorizadas en concesión por las autoridades nicaragüenses.
De acuerdo a la versión de la compañía, los mineros que protestaban era el único grupo, de cinco locales, que se ha negado a dialogar en busca de acuerdos y beneficios sociales y laborales que promoverían la creación de una pequeña empresa que da prioridad a la mano de obra local en la nueva mina de Santo Domingo.
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