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Elízabeth Romero
José Noel Castillo Barrantes, de 56 años, ha sido diagnosticado por dos forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) como un reo en peligro de muerte. Tras una audiencia el 12 de marzo la juez Ingrid Rocha ordenó su libertad. Antes había permanecido doce días internado en el hospital Antonio Lenín Fonseca.
El hombre fue chequeado por los forenses Patricio Solís Paniagua, especialista en Medicina Interna, y Neil Hernández Murillo, cirujano general; ambos determinaron que su estado “es bien crítico”, refiere su cónyuge María Félix Hernández. “Él, sin más, puede tener una muerte súbita porque el corazón lo tiene tres veces más grande que lo normal”, explica Hernández.
Castillo padece de problemas cardíacos crónicos y según la mujer, esto le ha afectado el hígado, riñones y pulmones. Desde entonces la mujer ha buscado que se cumpla la orden de libertad, pero el problema es el delito por el cual fue enviado a prisión: tráfico de drogas. Según Hernández, a su cónyuge lo detuvieron en un operativo policial dirigido a la captura de un hijo de este, pero como no lo encontraron en ese momento se llevaron a Castillo. Hoy la señora se queja del boleo al que ha sido sometida entre el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) y el Ministerio de Gobernación, mientras la salud del hombre se deteriora. Recordó que cuando lo condujeron al hospital y permaneció 12 días internado fue porque se inflamó tanto, que “sus partes le llegaban hasta las rodillas”.
Ella visitó a Castillo la semana pasada y verificó que en La Modelo no le suministran el medicamento para controlar la hipertensión. “Se las dieron por perdidas”, denunció. La mujer se quejó que el medicamento lo asume ella, pese a la difícil situación económica y a la responsabilidad del sistema penal en garantizar la salud de los privados de libertad.
Igual que Castillo, hay otros internos de los penales con diversos tipos de padecimientos, pero que las autoridades no autorizan sean atendidos en sus casas.
Un caso similar es el de Paulina Monge, quien según sus familiares sufre de una enfermedad terminal y está recluida en la cárcel La Esperanza. Ella también está detenida por lavado de dinero, crimen organizado y narcotráfico.
“Toda orden judicial relacionada con este tipo de delito se presume sospechosa y pasa a un procedimiento de verificación, que por el tiempo que los ciudadanos tramitan, supera lo razonable”, criticó el coordinador jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión.
Carrión recordó que esa disposición fue a raíz de la liberación fraudulenta de varios presos vinculados al narcotráfico en el penal de Chinandega. Sin embargo, considera que con esto las autoridades de Gobernación se extralimitan con la función jurisdiccional, pues las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento, pero a su criterio eso queda solo “como una máxima”.
El abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, expresa que cuando al final los presos son remitidos al IML por los jueces, los forenses mandan a que les practiquen una cantidad de exámenes, pero por las limitaciones de traslados, en los penales les terminan practicando solo una parte.
Expuso el caso de un interno con problemas en la próstata e hipertensión que requería de siete exámenes, pero solo le practicaron cuatro. “¿Podemos asumir que hay una valoración exacta? No”, cuestionó Cuevas.
Y cuando los familiares de los presos han vencido un sinnúmero de obstáculos y ya por fin tienen la medicina con su debida receta dentro del penal, el reo debe esperar que el médico le suministre la medicina. “Es humanamente imposible que un médico atienda al mismo tiempo a tantos reos enfermos”, estima Cuevas.
El abogado de la CPDH expuso el caso de Francisco Javier Zamora Orozco, que por varios meses permaneció bajo candado en una galería junto con otros presos sin derecho a salir, pese a padecer tuberculosis e inminente peligro de contagio.
Hasta que su esposa Marlene Baca lo denunció ante la juez de sentencia, esta lo mandó con carácter de urgencia al forense y evitó el contagio de otros reos. “La norma establece que el bien superior protegido por el Estado es la vida”, apuntó el abogado de la CPDH.
Denia Hernández denunció en el Cenidh que su cónyuge Javier Vega debió restablecerse sin atención médica desde el 30 de noviembre pasado, cuando funcionarios de La Modelo lo golpearon.
A Vega lo responsabilizaron de tirarle un balde de agua a los custodias. Hernández recurrió a la juez de ejecución de sentencias a exponer que lo habían golpeado. Esta ordenó lo revisara un forense y requirió información de por qué fue golpeado. Ellos no responden al llamado de la juez y Hernández estima el motivo: ocultan la violencia contra el preso.
PROBLEMAS DE PRESUPUESTO
La procuradora especial para los privados de libertad, Elena López, está consciente que en los penales hay personas enfermas de tuberculosis, sida, portadores de VIH, enfermedades de transmisión sexual y enfermos crónicos contagiosos.
Sin embargo, atribuyó los problemas de atención a las limitaciones de presupuesto y a los problemas estructurales existentes en las penitenciarías.
López propuso al procurador de Defensa de Derechos Humanos, Omar Cabezas, que los centros penitenciarios sean considerados unidades de salud para que los reos sean atendidos y reciban el medicamento por parte del Ministerio de Salud.
López defiende que los funcionarios del SPN son humanitarios, y a veces no es culpa del sistema la no atención de los presos enfermos, sino a la falta de recursos.
La deteriorada infraestructura de los ocho penales repercute en la condición de los internos. La procuradora especial de privados de libertad, Elena López, destaca como caso más grave la cárcel de Bluefields.
Entre los problemas que describió están la escasez de agua y contaminación del líquido que consumen los presos, pues la mayoría de los pozos ya dieron su vida útil. En los años ochenta las penitenciarías contaban con granjas, que López consideró fueron una excelente forma de ayudar al privado a cumplir su condena de forma más humana. Ahora, aplicar este tipo de régimen requiere de mucho dinero para adquirir fincas y mayor cantidad de funcionarios para que puedan vigilar a los presos. El comisionado general en retiro Francisco Bautista refiere que en los regímenes abiertos los presos pueden ser más útiles a la sociedad. “No hay nada más dignificante para el ser humano que sentirse útil, estar metido en cuatro paredes sin hacer nada es altamente denigrante”. Mientras el abogado de la CPDH, Pablo Cuevas, considera que “no se puede reeducar a una persona que se le está sometiendo a limitaciones extremas que en realidad son castigos”.
De acuerdo con Bautista, el problema en general es común en la región. Hay hacinamiento, muchos reos sin condena y quienes guardan prisión son los más frágiles de la cadena social: los excluidos. “Es muy raro encontrar prisioneros en los sistemas penitenciarios que sean los grandes narcotraficantes, los grandes corruptos, los grandes delincuentes de cuello blanco... en general los que van a la cárcel son los pobres, lo que se roban la gallina, los que trafican con dos gramos de cocaína o marihuana en la calle”, expresó Bautista. El experto lamentó que el total de privados de libertad en las cárceles centroamericanas, tanto preventivas como penitenciarias, alcance a unos 350 mil personas al año. Según dijo, esta cifra ha aumentado en un 24 por ciento en la última década. Esto obedece a que hay más delincuencia, más violencia, más desigualdad y menos oportunidades de empleo. “Un espacio de cárcel habilitado para 10 tiene 40 presos. Trae problemas de salubridad, de inseguridad (...) es muy común, por ejemplo, que un preso viole a otro, es muy común que un preso le quite la comida a otro, que golpee a otro y casi no pasa nada”, analizó Bautista.
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