Urge una reforma penitenciaria

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Por: Marvin Pichardo Castillo

Independientemente de la circunstancia por la que una persona esté privada de su libertad no implica la supresión de los derechos y garantías constitucionales que hacen a la integridad y dignidad de las personas.

Dignidad que se encuentra garantizada por nuestra Constitución Política (artos. 36 y 46 Cn.), y los pactos y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos, por ende, esta circunstancia obliga al Estado como garante, a promover los derechos de las personas privadas de libertad, como el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral, al acceso a la salud y a otros que hacen de soporte de estos derechos.

Es por ello que toda intervención del Estado en penitenciarías, debe tener en consideración el ámbito donde se implementa, principalmente las carencias que encierran dichas instituciones y lo relacionado a la violencia intrapenal.

En nuestro país el sistema penitenciario enfrenta un complejo problema público, que requiere a lo inmediato de soluciones eficaces. Para ello es indispensable diseñar e implementar una política pública de reforma integral al sistema penitenciario (Pprisp) costo-efectiva, ya que de lo contrario dicho problema pudiese generar una hecatombe social de consecuencias fatales e irreversibles, como sucedió recientemente en Honduras.

Dicha reforma debería estar orientada a resolver los problemas de hacinamiento, insalubridad, deficiente rehabilitación y reeducación penal en los privados de libertad. Si bien existe una institucionalidad regulatoria en esta materia como es la ley No. 473 “Ley de Régimen Penitenciario y Ejecución de las Penas” y su reglamento, y otras normativas relacionadas, lo cierto es que dicha institucionalidad por sí sola no coadyuva a solucionar el problema, ya que este requiere de la aplicación efectiva de otros factores endógenos y exógenos al sistema.

La reforma penitenciaria se debería discutir en torno a cinco ejes fundamentales: 1) Voluntad política materializada a través de la firma de un convenio marco de asistencia y cooperación interinstitucional amplio, inclusivo y efectivo, entre los principales actores políticos directos involucrados en la problemática social —el nivel ejecutivo debería actuar con la responsabilidad debida para dirigir la política–. 2) Respaldo decisivo de los demás actores que participan indirectamente en el diseño e implementación de la política— medios de comunicación, universidades, tanques de pensamiento, Iglesias, grupos empresariales, etc. 3) Gestión de financiamiento interno y externo, en vista de que el costo económico de implementar este tipo de política es sumamente alto. 4) Cambio de paradigma institucional, ello requiere la realización de un intenso trabajo de sensibilización de todos los agentes operadores del sistema penitenciario para reducir ciertos prejuicios y transformarlos en agentes que posibiliten el cambio, priorizando los dispositivos de respeto a la integridad y dignidad humana, salud, rehabilitación y reeducación penal, por sobre el de seguridad. 5) Decisión de inclusión de la población penal en la política pública, por ser esta el objetivo final a quién va a ir dirigida, y quién se va a ver afectada positiva o negativamente con su implementación.

La reforma penitenciaria debería tener el respaldo de todos los jugadores políticos de la sociedad, puesto que, ninguno de ellos incurriría en costo político, más bien los beneficios sociales generados para el país, con su diseño e implementación serán mucho mayores que los costos económicos incurridos. El autor es máster en políticas públicas. Universidad de Chile.