lunes, 30 de enero de 2012

SOBRE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER


Granada, 30 de enero 2012
Lic. Valentín Barahona Mejía
                                                 
 La historia criminal demuestra, que para bajar la criminalidad, jamás ha sido una solución el endurecimiento de las penas. La creencia falsa de que castigando con más rigor al delincuente, es tan antigua como la humanidad misma. Mas la experiencia comprobó que la justicia aplicada sin misericordia contra el convicto, se convierte en un boomerang contra la sociedad misma, pues los índices delictivos se dispararan en vez de disminuir el delito.
En tiempos pretéritos, prevaleció la concepción de que el delito, era parte de la naturaleza humana, que el delincuente es el único responsable de los actos delictivos, por esa causa en el Código Penal, se establecían penas durísimas contra el delincuente, de este modo se creía  frenarían y bajarían los índices delictivos. En robos de menor cuantía, las penas que se aplicaban, era de 10 y 15 años de presidio. En delitos más graves, lesiones, homicidio, asesinato, violación, etc., la pena era la pena de muerte, en la orca o  en el pelotón de fusilamiento. El acto de ejecución de quitar la vida al condenado era público, al cual podía asistir la población, el show tenía como propósito enviar un mensaje disuasivo a todos sin excepción.
Con los años, el derecho criminal fue siendo objeto de investigación científica. Surgieron nuevas teorías. Se hicieron estudios sociológicos, psicológicos, siquiátricos,  que permitieron penetrar en la psiquis del delincuente; sobre los factores influyeron en la actitud  delictiva; se analizó el entorno social del delincuente durante su niñez; los traumas sicológicos; el maltrato físico de que fue víctima en el seno familiar, que dejaron secuelas en su personalidad hasta convertirlo en un ser violento e irracional.
Conforme se hallaron los hallazgos, se empezó a ver al criminal desde otra óptica. Se entendió que el individuo no es malo por naturaleza, que todos nacen buenos e inocentes, que no es cierto el cuento de la mala levadura, que quien deforma al  hombre muchas veces es familia y la sociedad. De esta manera los códigos penales vinieron siendo reformados.  En el  robo, este delito llegó a ser una eximente cuando se roba por hambre; la mayoría de los países firmaron tratados internacionales para abrogar la pena de muerte; se incluyó el indulto y la amnistía; significativamente bajaron las penas,  los condenados podían obtener la libertad por buena conducta; reos con problemas mentales fueron considerados inimputables y enviados a centros hospitalarios para su rehabilitación y tratamiento.
Hace algunos meses se desató en el país una polémica, por el asesinato de un universitario de manos de un adolescente, por lo cual la comunidad universitaria demandó una reforma al Código del adolescente, demandando aumentar las penas. Sin embargo los diputados de la Asamblea Nacional cerraron filas, se opusieron aumentar las penas, dijeron que la solución no está en endurecer  las penas, por el contrario al hacerlo se agudizaría el problema.
El jueves de la semana pasada el Parlamento Nacional, actuando con doble rasero, en una actitud populista y demagógica, en lo particular aprobó la Ley contra la Violencia hacia la mujer, en cuya normativa sanciona a 30 años de prisión el delito de femicidio.
Crea los juzgados de excepción, dirigidos exclusivamente por féminas; proscribe el trámite de mediación, excluye el perdón a favor del acusado; se lesiona el principio constitucional de igualdad ante la ley. Los diputados por crasa ignorancia regresaron a la época de derecho penal  de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, cuando se pensaba que estableciendo en el Código Penal  penas durísimas  a  los delincuentes, esa sería la solución al problema de la violencia contra la mujer.
La violencia contra la mujer o la violencia en lo general, agobia a todos los países del mundo, es un fenómeno que tiene raíces profundas y complejas y no será con una ley draconiana que  el problema disminuirá, al contrario está comprobado que las penas duras viene a aumentar la actividad delictiva. En los años noventa, un grupo de mujeres logró incrementar las penas por violación de 15 a 20 años, los delitos en vez de disminuir se dispararon como nunca antes. Por esos resultados el nuevo Código Penal (ley 641) redujo las penas de violación de 8 a 12 años de prisión. La ley contra la violencia contra la mujer, roza y lesiona varios preceptos constitucionales, por lo cual los ciudadanos deberían recurrir por inconstitucionalidad ante la CSJ.
El Autor es abogado y Notario Público                                              

 

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