Granada, 24 de Noviembre 2011
Lic. Valentín Barahona
La modernización del
Poder Judicial
Los usuarios de la justicia de este país, han sido fieles testigos de los grandes cambios que en los últimos años se han operado en el Poder Judicial de Nicaragua. La transformación empezó con la construcción de complejos judiciales, con amplias oficinas, servicios sanitarios, comedores, cafetín. En los juzgados, hoy se miran a secretarios judiciales realizando su faena en modernas computadoras; los jueces tienen oficinas con aires acondicionados; los Registros de la Propiedad cuentan con una moderna Ley de Registros Públicos, todo el sistema de registro está digitalizado, ahora el usuario, puede obtener información de una propiedad con suma rapidez, sólo basta dar el nombre del dueño del inmueble y al instante obtiene la información.
Mas la modernidad no sólo quedó en la infraestructura, sino que abarcó la parte sustantiva del quehacer de la justicia. El legislativo aprobó nuevos Códigos: el del Adolescente, el Procesal Penal, Código Penal, se especializó el derecho represivo. Se crearon Juzgados del Adolescente, Juzgado de Audiencias, Juzgado de Juicio, Ejecución de Sentencia y Juzgados de Familia. Aún con todas las deficiencias técnicas que puedan tener los códigos, con la reprochable conducta de algunos jueces penales, es meritorio reconocer que se ha visto una sustancial reducción en la retardación de la justicia, lo que significa un gran logro, puesto que los términos o plazos establecidos en el CPP, en cuanto a los delitos menos o más graves, ha obligado a los judiciales a trabajar en forma más eficiente, lo que redunda en beneficio del acusado, ya sea para declararlo culpable o no del delito por el que se le acusa.
No obstante, el talón de Aquiles, que lastima y lacera a todo el Poder Judicial, se encuentra en la justicia rogada, es decir en el derecho civil. Pese a la infraestructura, a que se han creado más Tribunales de Apelaciones, más magistrados, más juzgados civiles de distrito y locales, más jueces, la retardación de justicia en materia civil, es brutal y humillante. Aún no se cumple con los plazos del juicio verbal de menor cuantía, que tiene el término de 1-6-1, la realidad indica que en primera instancia el juicio se prolonga de 2 a 3 años, la apelación se lleva de uno a dos años. Los juicios de mayor cuantía, tienen de 6-20-6, seis para contestar la demanda, 20 días de prueba y seis para fallar. La verdad es que en primera instancia dilatan de 2 a 3 años, apelación de 1 a 2 años y en casación de 3 a 4 años, por manera un juicio civil ordinario concluye de 6 a 7 sietes años, como mínimo. Para remate se cerraron los tribunales de apelaciones, se creó el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Un trabajador de la Región Atlántico Norte, cuando el juez de Bilwi, falla en su contra, debe viajar hasta Managua.
La CSJ, en el año 2008, inconsultamente, impuso el Modelo de Despacho Judicial en la ciudad de Managua. Con el modelo, se creó la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (ORDICE), a partir de aquí, a los usuarios de la justicia se les cerró las puertas de los despacho judiciales. Los administradores de justicia se convirtieron en especie de jueces sin rostros. Hubo protestas y manifestaciones contra el sistema, sin resultado alguno, en una ciudad de más de millón de habitantes, que cuenta con 10 Juzgados Penales de Distrito, 10 juzgados del Adolescente, 10 Juzgados Locales penales, 10 Juzgados de Distrito Civil, 4 Juzgados de familia y 10 Juzgados Locales Civil.
El Modelo como medicina resultó peor que la enfermedad. La retardación de justicia se disparó a niveles nunca antes visto. Una simple demanda de divorcio por la vía unilateral, dilata años en resolverse. Se presentan escritos en materia civil y laboral y no se obtiene respuesta. Muchas veces los expedientes son retirados por los secretarios o por el juez de la causa y el abogado se ve impedido de conocer el estado en que se encuentra el juicio.
El inefable, Modelo de Despacho Judicial, poco a poco está tendiendo sus tentáculos a otros departamentos. El modelo es presentado por los magistrados, como la panacea en la solución de la retardación de justicia, cuando la realidad es otra. Los funcionarios judiciales que defienden el modelo, lo hacen porque nunca fueron abogados litigantes, sólo aquel que ejerce la noble profesión de la abogacía, sabe donde es que chima el zapato, la mayoría se muestra impotente ante el cliente, al no poder dar una respuesta satisfactoria al problema legal, sea de familia, patrimonial, de herencia y de cualquier índole.
Los usuarios de la justicia la Gran Sultana, con gran consternación ven que les llegó su turno en la imposición del Modelo, el cual empezará a funcionar a partir del 28 de Noviembre del corriente. Los abogados de la localidad en sus rostros reflejan tristeza, puesto que saben el desastre ha causado y sigue causando el Modelo de despacho Judicial en la capital de la República. Es un absurdo que se traiga este sistema a una ciudad que tiene menos de 100 habitantes, donde hay dos Juzgados de Distrito y uno Local; dos locales penales; uno de Audiencia; uno de Juicio; un Juzgado del Adolescente, uno de Ejecución de Sentencia, entonces cabe preguntarse ¿Para qué imponer un modelo en una ciudad pequeña que no lo necesita? La única respuesta podría ser: hay que justificar el gasto de una cooperación económica internacional, aunque, los recursos consumidos vayan en detrimento de una justicia civil que va de Guatemala a Guatepeor. ¿Entonces cual es la solución? ¿Acaso el problema será resuelto con la implementación de los juicios orales y público en materia civil?.
No hay comentarios:
Publicar un comentario