Leyes no aplican en cárceles
- Ministerio de Gobernación juega con la vida y tiempo de los reos
La mayoría de las cárceles del país están saturadas y los reos pasan hacinamiento y maltrato institucional de sus derechos humanos. La Prensa/Archivo
José Adán Silva
El panorama de los reos del sistema penitenciario del país fue, literalmente, desolador a lo largo del año 2013 y el gran violador de los derechos de los privados de libertad fue el Estado de Nicaragua, principalmente el Ministerio de Gobernación.
Así lo observa el abogado y catedrático Ramón Eugenio Rodríguez, especialista en protección de Derechos Humanos, quien señala que el Estado de Nicaragua podría ser sancionado internacionalmente por la reiteración de abusos a los derechos de las personas privadas de libertad.
Según el análisis de Rodríguez, a Nicaragua en distintos foros internacionales los organismos mundiales de defensa de los Derechos Humanos le vienen advirtiendo sobre los maltratos reiterados del sistema penitenciario a la población penal.
Rodríguez recuerda que en 2008, el Comité de Derechos Humanos, órgano que observa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, le advirtió a Nicaragua que “le preocupan los altos índices de hacinamiento y las malas condiciones que imperan en dichos centros, en particular la insalubridad, escasez de agua potable, insuficiente presupuesto destinado a la alimentación, falta de atención médica, escasez de personal, así como la falta de separación entre acusados y condenados (artículo 10)”.
No respetan ni la Constitución
El experto en derechos humanos, Ramón Eugenio Rodríguez, criticó que Gobernación, al ignorar las órdenes de libertad emitidas por jueces, viola artículos constitucionales.
“El artículo 167 de la Constitución Política dice: ‘Los fallos y resoluciones de los Tribunales y Jueces son de ineludible cumplimiento para las autoridades del Estado, las organizaciones y las personas naturales y jurídicas afectadas”.
Además, Rodríguez recordó que en 2009 el Comité contra la Tortura, órgano que observa el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ordenó a Nicaragua adoptar medidas inmediatas para mejorar las condiciones carcelarias, consejo que no ha sido acatado por Nicaragua.
