Código de la familia bloqueado

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• Acusan a sandinistas de boicot

Por: María José Uriarte

“Es bien difícil trabajar con esta gente, que te pone excusas y a la hora de llegada lo que no quieren es trabajar”.

María Dolores Alemán, diputada del PLC, sobre los funcionarios de Gobierno que no llegan a las consultas con las comisiones del parlamento.

LA PRENSA/ARCHIVO/LORÍO

La aprobación del Código de la Familia, cuya iniciativa de acuerdo a la diputada María Dolores Alemán, estuvo engavetada por espacio de unos 18 años en la tubería legislativa, es obstaculizada por la bancada oficialista.

Alemán, quien es presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, expresó preocupación y molestia, ante la actitud de sus homólogos sandinistas, debido a que los argumentos brindados por el oficialismo no les parecen válidos.

A la denuncia de Alemán, se sumó Wilfredo Navarro, quien estima que es una actitud antojadiza del oficialismo, el no querer aprobar el Código de la Familia o atrasar el proceso de consultas para dictaminar la Ley contra la violencia en la Mujer, por lo que deben ser exhibidos.

Sin embargo, el coordinador de la bancada oficialista, Edwin Castro Rivera, desestimó los señalamientos de sus homólogos y dijo estar acostumbrado a los mismos.

“Señalan un montón de cosas, a mí me señalan de un montón de cosas, si yo fuera, si yo tuviera la capacidad de lo que me señalan, sería otra cosa, no es así”, observó Castro.

Agregó que la no aprobación del dictamen del Código de la Familia radica en una falla de la misma comisión de la Mujer.

“Aquí hicieron un trabajo, donde el órgano de aplicación que es el Ministerio de la Familia ni siquiera conocía el proyecto, no podemos aprobar un proyecto si el órgano de ejecución no lo conoce, lo están conociendo, lo están trabajando y nos van a dar sus insumos”, reiteró el parlamentario.

No obstante, la diputada Alemán, explicó que precisamente ese argumento fue desmentido, al presentar las actas en las que constaba la presencia de una representación de esa instancia durante el proceso de consultas.

Al consultarle esa situación al diputado Castro, se limitó a responder que “yo no me voy a meter a discutir con la diputada Alemán en un periódico”.

Alemán, destacó que si efectivamente, la comisión de la Mujer hubiese fallado, procedieron a enviar una copia del dictamen, pero tampoco las autoridades de MiFamilia, se han pronunciado al respecto por lo que observa una actitud de retrasar la aprobación del mismo.

Indicó que igual situación se presenta en el proceso de consultas de la Ley contra la violencia en la mujer, donde las distintas instancias gubernamentales son invitadas y no asisten a las reuniones.

“Es bien difícil trabajar con esta gente, que te pone excusas y a la hora de llegada lo que no quieren es trabajar”, precisó Alemán.

Para la diputada el trasfondo del boicot oficialista, es porque no quieren asumir responsabilidades, aunque dijo que sus mismas homólogas sandinistas, se sorprenden que aún no se apruebe el dictamen que fue firmado por unanimidad.

Nacionales

Comisión evaluadora en CSJ es puro cuento

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Por: Ramón H. Potosme

No hay tal comisión de evaluación.

Finalmente el abogado orteguista Rafael Solís y el magistrado Manuel Martínez, los principales operadores políticos del FSLN y el PLC en la Corte Suprema de Justicia, eran quienes ayer intentaban ponerse de acuerdo para elegir a quienes ocuparían los cargos de magistrados de apelaciones.

Según la fuente, arnoldistas y orteguistas estaban en salones diferentes y Martínez y Solís iban y venían con las propuestas.

El proceso oficialmente continúa con el “arduo” trabajo de los magistrados miembros de la Comisión de Evaluación, formada por las sandinistas Ligia Molina y Yadira Centeno y los liberales Martínez y Edgar Navas. Hasta ayer no ofrecieron información de los resultados obtenidos.

Sin embargo, se han empezado a conocer los entretelones.

De acuerdo con la lista de candidatos, 15 eran afines al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y 13 al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aunque algunos liberales servirían supuestamente a los intereses del partido de gobierno.

De los 28 aspirantes, a nueve se les venció su período entre 2009 y 2010 y al resto el pasado domingo.

La comisión evaluadora compuesta por dos liberales y dos sandinistas suponía la igualdad a la que aspiraban los arnoldistas para mantener, al menos, la misma cuota de poder en los tribunales de apelaciones.

Pero el impasse en el proceso de nombramiento coincide con la intención del FSLN de aumentar su control en los tribunales de apelaciones del país, lo que le daría mayor poder según analistas.

El magistrado Manuel Martínez señaló que los tribunales de apelaciones son el único lugar donde los sandinistas no tienen control total.

A la vez reveló que cuando la Corte comenzó a funcionar ilegalmente con seis magistrados orteguistas, despidieron a jueces y registradores de tendencia liberal.

Según Martínez, el orteguismo controla ahora más del 80 por ciento del Poder Judicial.

¿Cuántos magistrados de la CSJ, necesita Nicaragua?

                                                                                                                         Granada, 04 de Julio 2011

Lic. Valentín in Barahona Mejía

                                   ¿Cuántos magistrados de la CSJ, necesita Nicaragua? 

Un candidato presidencial en campaña, manifestó a un medio de comunicación social, que de  ganar las elecciones el 06 de Noviembre, trabajará por reducir los magistrados de la CSJ, de 16, dejaría sólo 6. Las reacciones no se hicieron esperar, tres magistradas (Alba Luz Ramos, Ligia Molina y Juana Méndez), descalificaron las intenciones del político, ubicándolo como un profano en justicia, ya que desconoce las funciones y atribuciones que tiene la CSJ en este país.

El planteamiento de reducir el número de magistrados de la CSJ, de alguna manera recoge, el malestar de la sociedad, ésta con 16 funcionarios, no ha visto una justicia expedita, se puede decir, que la CSJ, es un elefante grande y pesado, su andar es demasiado lento, la retardación de justicia es brutal, los casos de amparo, recurso de inconstitucionalidad, civiles, penales, contencioso administrativo, tardan años y años, cuando llega la resolución se produjo un abandono tácito por las partes.

Es preciso abstraerse del fenómeno, para tratar de hallar las causas de la inoperancia de la CSJ, hay que hacer una reflexión, es menester lanzar una mirada retrospectiva al pasado, para conocer cómo funcionaba la CSJ, los cambios que ha tenido en los últimos treinta años y, finalmente hacer uso del derecho comparado, para confrontar nuestro modelo  con otros sistemas que son reputados como un buen ejemplo a seguir.  

En tiempos del somocismo, la CSJ, estaba integrada por 7 magistrados. El cuerpo colegiado se reunía y resolvía los amparos, recursos de inconstitucionalidad, lo civil y penal, no existía división en Salas. Según abogados de vieja data, los magistrados no tenían asesores (los actuales tiene de uno a dos asesores), ellos elaboraban los proyectos de sentencias y la administración de justicia marchaba bastante bien.

En los años ochenta, el número de magistrados se mantuvo en 7; no hubo cambios sustanciales, el presupuesto asignado al Poder judicial era raquítico; los juzgados y tribunales funcionaban en oficinas lóbregas; jueces y magistrados eran mal pagados. En esa época el Presidente de la República, nombraba mediante terna que enviaba a la Asamblea Nacional, los puestos de magistrados a la CSJ.

Todo empezó   a desmoronarse en los 90. A partir de la asunción al poder de la señora Violeta Barrios, el nuevo gobierno, quería tener presencia en la CSJ, lo primero que hizo fue aumentar de 7 a 9 el número de magistrados. Luego con las reformas constituciones de 1995, el número de magistrados aumentó de 9 a 12, los partidos políticos necesitaban tener magistrados en la CSJ.  En el 2000, el pacto político Ortega-Alemán, aumentó a 16 el número de magistrados, se adujo que con más funcionarios, la justicia caminaría mejor, el resultado fue mucho peor.

Al aumentar a 16 los magistrados de la CSJ, permitió su división en Salas, Constitucional, Civil, Penal,  Contencioso Administrativo; el presupuesto del poder judicial del 4 %, fue elevado a rango constitucional; su infraestructura poco a poco fue transformándose, se construyeron lujoso edificios, el personal de 2 mil paso a más de 5 mil; se mejoraron los salarios de jueces y magistrados; se incrementó la contratación de jueces y magistrados, por la aprobación del nuevo Código Procesal Penal y Código Penal, se crearon los Jueces de Distrito de Adolescentes, de Audiencias, de Juicios, Juzgados de familia, ahora se quieren crear los Juzgados de la Mujer; se crearon más Tribunales de Apelaciones; más juzgados, más jueces, más secretarios, oficinas para notificaciones, de tal suerte que el presupuesto del Poder Judicial no da para tanta cama.   

Amén de las funciones de administrar justicia, los magistrados de la CSJ, tienen la obligación de controlar a casi 6 mil trabajadores del poder judicial; nombrar y destituir a los jueces y magistrados de Tribunales de Apelaciones; controlar la ejecución del presupuesto; controlar a casi 20 mil abogados de todo el país; dar tramite y resolver miles de causas en materia civil, penal, de amparo, contencioso, en otras palabras, a lo que menos le dedica tiempo la CSJ, es a administrar justicia, de aquí la enorme retardación de justicia que resienten los usuarios.

Ante semejante elefante blanco ¿Qué hacer). Mucha gente no se explica, por qué en Estados Unidos con 400 millones de habitantes, la CSJ tiene nueve magistrados y en Nicaragua con 6 millones tiene 16 magistrados. Para que en Nicaragua tengamos una CSJ, ágil y eficiente se precisa quitarle funciones y atribuciones a la CSJ. Por ejemplo, la Suprema Corte de E. E. U. U., es por excelencia un tribunal constitucional, en casos muy excepcionales  conoce casos civiles o penales, si hay una fallo absolutorio no hay recurso de apelación, el 90 % de los juicios civiles se resuelven en mediación; los abogados los controla el Colegio de Abogados; los magistrados y jueces son nombrados, por el congreso o por elección popular, la Suprema Corte no se mete en eso. en Estados Unidos los magistrados de la CSJ, son vitalicios en el cargo, por ello son independientes de los políticos; en Nicaragua, todo es lo contrario, hay apelación y casación para todo; la CSJ de Nicaragua controla  a 20 mil abogado; la CSJ, nombra a los jueces y magistrados;  cada cinco años, el cargo de magistrados es revisado por los partidos políticos, por lo cual nuestros pobres magistrados no son independiente, son prisioneros del mal sistema, de alguna manera padecen el síndrome de Estocolmo, es decir se han enamorado de quienes los tienen secuestrados.   

                                                             El Autor es Abogado y Notario Público