Por Róger Olivas | Nacionales
Abogados de Chinandega
Abogados de Chinandega en sesión permanente. ROGER OLIVAS / END
CHINANDEGA
Abogados de este municipio realizarán a partir del próximo martes plantones frente a los Juzgados de esta ciudad, como protesta ante la aplicación de la Ley 745, que deja en la indefensión a reos principalmente involucrados en robos.
El abogado Juan Nicolás Ulloa aseguró que la protesta será apoyada por usuarios de la justicia, cuyos familiares son perjudicados con la retroactividad de la referida ley. “Escalaremos la protesta hasta tener respuesta positiva, tomaremos acciones legales a favor nuestra, estamos unidos todos los abogados chinandeganos”, aseguró.
Por su parte, el abogado Francisco Hernández manifestó que está claro que se debe crear una política de Estado para garantizar la seguridad ciudadana, pero la Ley 745 es una figura que encubre maltratos e irrespetos a la ciudadanía. “Esa ley es una bomba de tiempo creada por la Asamblea Nacional”.
Denunció que el artículo 44 de la mencionada ley establece que los reos que no tenían prisión preventiva antes de 2010, deben presentarse a los juzgados y ser procesados.
Ley 745 garantiza la seguridad ciudadana
Rosa Velia Baca, juez Primero de Distrito Penal de Chinandega, aseguró que si los prisioneros por robos con intimidación y con violencia con causas pendientes en libertad, cumplen las medidas cautelares, se respeta esa decisión hasta que concluya el juicio. “Se les cambia la medida cuando incumplen, la retroactividad siempre favorece al reo, se está cumpliendo con la ley. Si hubiese un error, para eso están los recursos de apelación”, indicó.
Mientras tanto, Saskia Carrillo, juez Segundo de Distrito Penal de Chinandega, aseguró que la Ley 745 entró en vigencia el 24 de enero del corriente año, y establece la realización de juicios sin tribunal de jurados, en lo que se refiere a los robos con violencia y con intimidación, exceptuando los robos con fuerza, porque es un delito que permite la mediación.
Manifestó que la referida ley es una política de Estado para garantizar la seguridad ciudadana, porque los robos, principalmente en esta zona fronteriza generan inseguridad, y los delincuentes a través de familiares buscan a las víctimas para llegar a un arreglo, y eran excarcelados, lo cual no se puede permitir.
