LOS ABOGADOS DE LOS DETENIDOS
DENUNCIAN A LA POLICÍA POR DILATAR LA DECLARACIÓN JUDICIAL
Los abogados de veinte de las personas detenidas el 25-S han
interpuesto una denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla por dilación
injustificada en la puesta en libertad de los arrestados, que permanecen
detenidos en la comisaría de Moratalaz.
La policía cargó duramente el 25 de septiembre contra los
manifestantes que intentaban rodear el Congreso.
Los abogados representantes de veinte de las personas
detenidas en la movilización ante el Congreso de los Diputados han interpuesto
este jueves una denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla por dilación
injustificada en la puesta a disposición de las personas privadas de libertad.
Según explican los letrados en un comunicado, la denuncia
especifica que, a pesar de que la policía científica procedió a tomar la
filiación de los detenidos y que a todos se les ha tomado declaración con
presencia letrada, los detenidos "permanecen privados de libertad sin
justificación alguna".
Los 35 arrestados fueron trasladados a la comisaría de
Moratalaz a lo largo de la noche y sus letrados les asistieron a lo largo de la
jornada de ayer, finalizando la última asistencia pasadas las siete de la
tarde. A pesar de que el instructor informó a los letrados de que los detenidos
serían puestos a disposición judicial este jueves por la mañana, los detenidos
permanecen todavía en la comisaría de Moratalaz, sin que se tenga constancia
oficial de su destino final.
El comunicado recuerda que muchas de las personas detenidas
presentaban numerosas lesiones y requirieron asistencia sanitaria, e incluso
hospitalaria.
"Las continuas declaraciones que, desde la tarde de
ayer, se han formulado por parte del Ministerio del Interior y Delegación de
Gobierno en relación a posibles imputaciones de delitos contra las
instituciones del Estado o las menciones a la posibilidad de unirlo al
procedimiento abierto en la Audiencia Nacional, son las que parecen haber
generado el marco de indeterminación sobre la competencia jurisdiccional a la
hora de tomar declaración a las personas detenidas", indican los letrados.
La nota acusa a la Policía de estar llevando a cabo una
"instrumentalización política de la causa, que persigue la criminalización
de la protesta" y genera consecuencias para las personas detenidas, que no
están recibiendo las garantías procesales a las que todo ciudadano tiene
derecho.
Esta forma de proceder infringe la previsión del artículo
17.2 CE de que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo
estrictamente necesario para la realización de averiguaciones tendentes al
esclarecimiento de los hechos, indican.
