Granada, 30 de junio 2014.
Valentín Barahona Mejía
Hay nerviosismo paranoico en
las filas de los grupos feministas y en una parte buena del
Estado, por el tremendo fracaso que ha tenido en dos años la
terrible y draconiana ley
779. Todo hace indicar que los cooperantes
internacionales están enviando señales inequívocas de
retirar la fluida cooperación
millonaria, ya que no ven resultados de
disminución en las estadísticas de la violencia contra las mujeres, al
contrario los índices en este año se han disparando en forma alarmante.
Entonces, no es casual que en los
últimos días se haya intensificado en todos los medios de comunicación social,
periódicos, televisión la campaña
mediática de misandria, se
hipérbola los pocos casos de
mujeres víctimas de homicidio, todos los días las cabecillas de los grupos
feministas asaltan la palabra, hablan engañando, mintiendo, distorsionado la
realidad sobre el fenómeno de la
violencia de género, aplican el principio fascista de que una mentira repetida
una y mil veces al final se convierte en verdad, lanzan el discurso rayado de la pandemia, de
salud pública, de la misoginia, del holocausto en que supuestamente viven las mujeres a manos de los malvados y
perversos hombres, por causa del machismo y el nefasto patriarcado.
En esta feroz campaña de mentiras
y falsedades no se queda atrás el Estado, ya que éste también ha recibido
millones de dólares de organismos internacionales so pretexto de combatir la
violencia contra las mujeres, cuya cooperación económica solo ha sido usada para hacer una ley
inquisitiva, crear tribunales de excepción, fortalecer el aparato represivo de
la policía nacional, ministerio público y jueces de violencia, en función de
llenar las cárceles de hombres detenidos acusados de agresores, adonde son
enviados a campos de concentración, al punto que ahora no hay más espacio donde
meter más convictos por causa y efecto de la ley 779.
Son mínimos los recursos de esa
ayuda internacional que van destinados a paliar el fenómeno de la violencia, la
mayoría de esos millones de dólares son desviados para otros fines, los grupos
feministas para asignarse jugosos salarios, el Estado, para para cubrir y tapar
con parches al enorme déficit presupuestario. Los apologistas de la ley de
marras, no está haciendo nada para proteger a las mujeres y prevenir la violencia,
no existe un solo programa educativo en
los medios de comunicación social estatales o privados, por medio de los cuales la gente conozca las
diferentes manifestaciones que tiene la violencia en el hogar, en la
comunidad, en la escuela, universidad y de
las consecuencias sociales que tendrá a corto y mediano el ejercicio de la violencia en los hijos, esposas, familiares y vecinos.
Ante el terror de enfrentar el posible corte de la ayuda, instituciones públicas como
la Alcaldía de Managua, por orientaciones de arriba declaró en sesión solemne a la capital territorio libre
de violencia, pero lo que más llama la atención es la convocatoria oficial a
una manifestación pública que hace a todos
los empleados públicos de la capital la
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia,
para el próximo 11 de julio, cuya actividad saldrá
de la rotonda del Periodista y
culminará con ardientes discurso cargados de misandria en
Metro Centro.
En ningún país medianamente
civilizado, se ha visto a un magistrado de un máximo tribunal de justicia, convocando
y encabezando una manifestación pública
como lo está haciendo la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, todos
saben que esta funcionaria ha sido y sigue siendo la principal abanderada de la
ley 779, pero nunca antes se le vio como agitadora profesional en las calles
para defender la ley de marras. Este
cambio radical de la funcionaria pública de ponerse al frente de las mujeres el
próximo 11 de julio, demuestra una vez más el estado de desesperación en que se
hallan ante el riesgo de perder el apoyo
internacional financiero, ya que de darse tal hipótesis, eso significará que a
la CSJ, no le quedará otro camino que
mandar a cerrar y clausurar los
juzgados especializados de violencia, pues ya no tendrá dinero para pagar
salarios y mantener todo el andamiaje legal creado a partir de la vigencia de la
ley 779.
El
autor e0s abogado y notario
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