Granada. 07 de
septiembre 2013.
Lic. Valentín
Barahona Mejía
La Asamblea
Nacional, en este mes de septiembre promulgó la ley No. 844, en la cual dejó
establecido el día 29, como el día de
Abogado nicaragüense, en honor al insigne abogado don Miguel de Larreynaga, así, se hizo justicia a más 20 mil abogados, los cuales, aunque
parezca paradójico, los que dominan la
ciencia del derecho, articulan el entarimado
jurídico de la nación, durante más de 150 años, habían sido ignorados como
gremio, en este periodo paulatinamente
la profesión se fue degradando al punto de ser considerada en algunos sectores
sociales como la más desprestigiada de las profesiones.
Ya era tiempo que
los abogados, al igual que periodistas, médicos, ingenieros, arquitectos,
contadores públicos, etc., tuvieran una fecha conmemorativa no solo para
celebrar y rendir honor al oficio más antiguo de la humanidad, como lo es
abogacía, que tiene como referente histórico a los jurisconsultos de la antigua
Roma, 500 años antes de Cristo, sino también para reflexionar acerca de los
principios, valores y postulados que encarna a tan noble profesión; el rol que tiene
en la sociedad; el papel en la resolución de los conflictos privados y
públicos, en la estructuración del cuerpo jurídico; en la aplicación e
interpretación de las leyes ordinarias, administrativas, civiles, penales,
constitucionales; en buscada del punto
de equilibrio que asegure la paz y la convivencia pacífica de los ciudadanos.
Cuando se habla del día del abogado, algunos asociaran la
palabra, con el abogado litigante, el profesional que tiene una oficina de
leyes, que visita todos los días los Juzgados y complejos judiciales, que está
en contacto con Jueces, secretarios, fiscales, magistrados de la CSJ, Corte de
Apelaciones, el que porta en su maletín papeles, presenta escritos, aquel que se
ve en las delegaciones policiales, que participa en trámites de mediación, en
audiencias orales y públicas, que defiende los intereses de su cliente con
pasión y valor, que combate con garbo la retardación de justicia, el que entabla
batallas jurídicas con los fiscales del ministerio público, es decir, aquella
persona que se gana sus honorarios, defendiendo intereses ajenos de orden privado
o público, el que defiende la inocencia o acusa por delito un imputado.
Mas celebrar la
efeméride, no es solo para el abogado litigante, sino que asimismo para aquellos abogados que
ejercen cargos públicos, sea en el poder judicial, sea en el Ministerio Público,
sea en el Estado. Algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Apelaciones, Jueces de Distrito y Locales,
fiscales, etc., por la efervescencia del poder, olvidan que antes de ostentar
el cargo público, llegaron a él por ser abogados, de lo contrario no estarían
donde están, otros han perdido la perspectiva y olvidan la cortesía, las
deferencias hacia sus colegas, cuando los tienen cara a cara demandando un servicio, en muchos casos lo que brilla en
el servidor público es la arrogancia y la petulancia.
Es cierto que existen
segmentos de la sociedad que se expresan muy mal de los abogados, a veces con
justa razón, quizá por haber sido timado o estafado por un mal profesional. Mas
como en toda profesión hay de todo, hay excelentes, buenos, mediocres y muy malos,
éticos y antitéticos, por ende la abogacía no puede ser la excepción, en el gremio tenemos gente que
deshonra la abogacía con prácticas
indebidas las cuales causan un ingente daño
al gremio, aunque existen normas que sancionan las malas conductas, la verdad
es que se precisa de organización gremial a nivel nacional que coadyuve en el
rescate de los valores históricos que ha caracterizado a esta profesión.
Por mucho que se
denigre a la abogacía, el ejercicio de la profesión es necesaria, pues si no
hubieran abogados en la sociedad, pregunto: ¿Cómo sería la aplicación de la
justicia penal si no hay abogados defensores y acusadores? ¿En los conflictos de orden patrimonial como
haría el Juez civil, para dirimir el tuyo y el mío, si las partes no tienen un abogado
que los asesore? ¿Si no hubiera conocedores de la ley y el ordenamiento
jurídico, quién haría las leyes ordinarias y constitucionales que permitan normar
la convivencia y la paz social en la sociedad?
El autor es abogado
y notario
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